Educación y trabajo en  las cárceles

El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Alvaro Garcé, dijo ayer, durante una audiencia judicial, que el Estado debe «redoblar el esfuerzo y la inversión en políticas de educación y trabajo» dentro de los establecimientos penitenciarios porque «son muchos (los jóvenes) que quieren salir de la cárcel para no regresar nunca más».

Durante los últimos años «ha descendido el promedio de edad» de los reclusos. La realidad indica que los reclusos ingresan cada vez «más jóvenes, a edad más temprana, para permanecer más tiempo en el sistema carcelario», sobre todo jóvenes «de bajos recursos, marginados y con cuadros avanzados de consumo de drogas», explicó Garcé. «Asusta la cantidad de jóvenes que ingresan al sistema», dijo.

Por esta razón, Garcé llamó a instalar una política carcelaria como parte de una política de Estado, «restablecer la armonía» de la ley procesal (subsanando cambios impulsados por sucesivas leyes que agravaron las penas), la actualización del CPP y la asignación de los recursos «necesarios para inversión y gestión en materia carcelaria».

El Estado debería adoptar «medidas de fondo» e impulsar «una política criminal que no priorice el encierro», porque de lo contrario «el actual problema continuará reproduciéndose, e incluso podría hacerlo indefinidamente». En este sentido, Garcé destacó el proyecto modificativo de la ley 17.726, por la cual se pretende ampliar las medidas de penas alternativas.

En tanto, Garcé consideró «imprescindible la creación de 1.000 a 1.200 plazas», «el reciclaje de las conexiones eléctricas de los módulos 1, 2 y 3 del Comcar», poner en desuso los celdarios de lata del Penal de Libertad y la materialización de las medidas recomendadas para el Penal de Las Rosas (Maldonado).

La concreción de estas medidas pondría fin a la emergencia humanitaria de los centros penitenciarios por todo el año 2009.

Las expresiones de Garcé se vertieron al comparecer como testigo en la demanda impulsada por el abogado Gustavo Salle contra el Estado, por la presunta violación de los DDHH de los reclusos dentro del sistema carcelario. Garcé dijo ante la jueza Cristina Cabrera que existen centros donde las condiciones de reclusión «no son dignas» en los cuales podría conjugarse una violación de los derechos elementales, pero eso no es extensivo a todo el sistema, destacando las cárceles de Paysandú, Treinta y Tres y Colonia como modelos a seguir.