Declaración. El Senado exhortó al organismo a utilizar su Registro Patronímico Electrónico

Corte Electoral en el ojo de la tormenta

Entre los proyectos aprobados cabe destacar el que extiende la cobertura del seguro de accidentes de trabajo, y otro que promueve la reinserción laboral de los procesados. Asimismo, se concedió una pensión graciable a Nelly Teresa Andrade, la hija de la «Maravilla Negra», el legendario José Leandro Andrade, dos veces campeón olímpico; se aprobaron varios convenios internacionales y se concedieron venias de ascenso a militares.

Pero vayamos por partes. Después de la hora previa, y cuando el Cuerpo se aprestaba a tratar el primer punto del orden del día, Víctor Vaillant pidió un cuarto intermedio de 15 minutos. El asunto es que ese primer punto era un proyecto de ley por el que se obligaba a la Corte Electoral a recurrir al Registro Patronímico Electrónico cuando se detecten inconsistencias, errores u omisiones en la verificación de las firmas para habilitar mecanismos de democracia directa; el propósito era garantizar que no se anularan firmas por motivos baladíes. Una vez levantado el cuarto intermedio, luego de casi 50 minutos, Reinaldo Gargano fue el encargado de informar sobre el asunto que ­ya se advertía­ no sería acompañado por el bloque opositor. En razón de ello, el senador socialista empezó por anunciar la intención de devolver la carpeta a Comisión, de modo de evitar discusiones innecesarias y polémicas inconducentes ya que la norma a estudio había suscitado discrepancias e interpretaciones encontradas. Paralelamente a la vuelta a comisión, la bancada frentista proponía una declaración del Senado (ver recuadro) que exhorta a la Corte a hacer lo que el proyecto de ley la obligaba a hacer. Como era de prever, Gargano aludió a la integración actual de la Corte, que es la misma desde hace 17 años, y lamentó que no se hubiera llegado a un acuerdo interpartidario para integrar la Corte de acuerdo con el mapa electoral actual. 16 senadores en 24 presentes acompañaron la moción y el proyecto vuelve a Comisión.

A pesar de la intención de evitar discusiones, la polémica se instaló en el recinto. Alfie, Moreira, Sanguinetti, Heber y Penadés se convirtieron en arrojados cruzados defensores de la Corte, de sus ministros y de sus funcionarios, rechazando airadamente todo cuestionamiento proveniente de la bancada de gobierno.

El quincista Isaac Alfie sostuvo que es incorrecto exhortar a un organismo autónomo y señalarle lo que debe hacer. «Es un agravio a la Corte Electoral, que ha dado suficientes pruebas de su lealtad a la institucionalidad democrática», expresó don Isaac. Ahí saltó Gargano para «advertir que no se hable de agravio porque de ese modo yo me siento agraviado», y afirmó que con la declaración no se violentaba ninguna disposición constitucional.

Carlos Moreira pidió un sinceramiento: «Que se diga que hay desconfianza en las autoridades de la Corte», y puso de manifiesto las contradicciones internas del Frente al señalar que los ministros Penco y Salvo no compartían el criterio de los legisladores.

El doctor Sanguinetti dijo que no es el Senado el que puede formular exhortaciones a un órgano que es rector y juez. «Sería como exhortar a la Suprema Corte de Justicia a que falle de determinada manera», concluyó. Después fue el turno de Luis A. Heber. El senador herrerista sostuvo que en rigor la vuelta a Comisión del proyecto de ley suponía su archivo, y afirmó que estaba de acuerdo en evitar un enfrentamiento gratuito. No obstante, no ocultó su malestar con los cuestionamientos a la Corte («la duda se convierte en acusación», expresó), y aseveró que la Corte siempre ha dado garantías de pureza del acto electoral, incluso cuando se realizó el plebiscito del 80 bajo el régimen dictatorial. Terminó comprometiéndose a buscar la forma de que la Corte se integre de acuerdo con el mapa electoral.

Su correligionario Penadés consideró que había sido inoportuna la presentación del proyecto de ley («No creo en las casualidades», dijo con ironía) y coincidió con Sanguinetti en cuanto a que el Senado no está habilitado a emitir un exhorto. «El Senado va a cometer un grave error», concluyó.

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