"Emergencia nacional en seguridad pública"

El precandidato presidencial, Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional) consideró ayer que la actual situación de inseguridad determina que el país se encuentra «en una emergencia nacional», con «una crisis de autoridad casi total» y anunció que en su administración aplicará «el máximo que marque el Código Penal para quien mate a un policía» y un agravante especial para quien cometa un asesinato contra una persona que se encuentre trabajando. Los dichos de Lacalle fueron efectuados en Kibón durante el Seminario «Seguridad Ciudadana y Defensa de la Sociedad» organizado por la Unión de Ciudadanos Nacionalistas (Lista 1412) que conduce el coronel (r) Arquímedes Cabrera. Lacalle también prometió «un aumento inmediato en toda la Policía» en caso de acceder a la Presidencia, así como la instrumentación de un Plan de Viviendas que permita «sacar a los 4.000 o 5.000 policía que viven en condiciones de indigencia» en un plazo de un año, en una solución similar a la de Mevir. Entre los asistentes se encontraban el ex comandante del Ejército, teniente coronel (r), Daniel García, el mayor (r) Enrique Mangini quien meses atrás presentó una demanda contra el diario LA REPUBLICA, por la investigación sobre el asesinato de Santiago Rodríguez Muela, el 11 de agosto de 1972, durante un «asalto» de miembros de la JUP al Liceo Nº 8, y el ex ministro de Trabajo, Ricardo Reilly. Los temas abordados fueron «Introducción: Una visión Nacionalista de la Seguridad Pública» a cargo de Jorge Roqueta, las «Políticas carcelarias en el Uruguay. Situación y perspectivas», de parte del inspector principal Enrique Navas, y «La Sociedad Sitiada.

Un análisis de la situación de inseguridad» de parte de Ricardo Petrissans. A nivel carcelario, Navas dijo que «la situación va a empeorar». «El que mate un policía no ve más la luz del sol…», dijo Lacalle mientras era interrumpido por un cerrado aplauso, al argumentar sobre la necesidad de hacer más severas determinadas penas. Lacalle estimó que es necesario que el Poder Judicial y las Fiscalías «reaccionen».

En otro orden, discrepó con el traslado de presos a los cuarteles. «Los cuarteles no son cárceles», señaló,