Senado comenzará esta semana a analizar el proyecto de reparación

Conceptualmente, el proyecto de reparación integral del gobierno a las víctimas de la dictadura y a las que hubo del 13 de junio de 1968 al 26 de junio del 1973 es bien visto desde todos los partidos de la oposición con representación parlamentaria y a priori no le advierten inconvenientes para su aprobación.

El problema comenzará a suscitarse cuando se ingrese al análisis de su articulado. La ley firmada ayer por el presidente de la República actuando en Consejo de Ministros y remitida al Poder Legislativo comenzará a ser analizada por la Cámara de Senadores. En esa rama parlamentaria ingresará para desmenuzar su contenido y recibir a las delegaciones objetivos de la reparación en la Comisión de Constitución y Legislación, presidida por el senador socialista Reinaldo Gargano e integrada por Julio María Sanguinetti (PC), Sergio Abreu (PN), Susana Dalmás (FA), Francisco Gallinal (PN), Rafael Michelini (FA), Carlos Moreira (PN), Margarita Percovich (FA) y Lucía Topolansky (FA). Hasta anoche había total desconocimiento del contenido general de la ley por la inmensa mayoría de los legisladores. De la oposición y del gobierno. A pesar de ello, desde la Alianza Nacional, sector liderado por el senador Jorge Larrañaga, hay una «predisposición positiva» en su contenido y en la eventual aprobación de la ley. Similar posición se esgrime desde el Herrerismo. El senador Gustavo Penadés adelantó a este diario que no existe una actitud de rechazo al espíritu del proyecto y «a esta altura podríamos incluso no oponernos a estudiarlo y acompañarlo» aunque aclaró que «necesitamos tener una visión integral de la salida que propone el gobierno a este tema». El legislador herrerista aseguró que «nos acercaremos al proyecto de ley de reparación integral con un hondo sentido positivo». Desde el Partido Colorado, la posición es semejante a la de los dos sectores mayoritarios del Partido Nacional, aunque se aclara que «habría que ver, como concepto, qué se entiende por acción ilegítima de un estado de Derecho» señaló el senador quincista Isaac Alfie al aludir al capítulo 5º del proyecto en el que se establece que «se consideran víctimas de la acción ilegítima del Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad sin intervención del Poder Judicial dentro o fuera del territorio nacional, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, por motivos políticos, ideológicos o gremiales». Blancos y colorados entienden, sin poder contar aún con la redacción de la ley en sus manos, que la iniciativa reparadora tiene «asimetrías» en cuanto a las visiones; donde ­adelantan­ se contempla únicamente a las víctimas «de un bando» y no a aquellos que padecieron la violencia de la guerrilla «sin haber pertenecido a organismos del Estado». El coordinador de la bancada de representantes del Partido Nacional, Alvaro Lorenzo, sostuvo que su sector, Alianza Nacional, acudirá a analizar el proyecto también con una «predisposición positiva», aunque destacó que es «extraño que el propio presidente Tabaré Vázquez haya esbozado, hace dos años, un proyecto de ley en el que se contemplaba también a las víctimas de la acción de la guerrilla y hoy este aspecto no está incluido en la ley de reparación integral». No obstante, Lorenzo reconoció que antes del golpe de Estado perpetrado el 27 de junio del ’73 «hubo violaciones a los Derechos Humanos» pero manifestó que «sería oportuno incluir a los que padecieron las acciones de la subversión sin tener responsabilidades en el gobierno de la época».