Vázquez: "Reparación integral inicia una etapa en la reconstrucción democrática"

Durante la sesión del Consejo de Ministros, el mandatario consideró que, con el proyecto de ley de indemnización integral de las víctimas de la represión, el gobierno inicia una etapa «muy importante dentro de lo que es la reconstrucción democrática del país en cuanto a los delitos cometidos durante la dictadura cívico­militar».

Vázquez junto a sus ministros suscribieron ayer, durante la sesión de Suárez y Reyes, el proyecto de ley por el cual se reconoce el «quebrantamiento del estado de derecho que impidió el ejercicio de los derechos fundamentales a las personas, en violación a los derechos humanos o las normas del derecho internacional humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985″. En la norma también se determina la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas ilegítimas en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 y hasta el 26 de junio de 1973 como consecuencia de la aplicación sistemáticas de las Medidas Prontas de Seguridad, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. La iniciativa remitida al Parlamento, será considerada inicialmente por el Senado. A través del proyecto, que se compone de 24 artículos (ver texto completo de la iniciativa, en páginas 4 y 5), se reconoce el derecho a la reparación integral de las personas que resultaron víctimas de la actuación ilegítima del Estado. Dicha indemnización, que será por única vez, incluye a los familiares de las víctimas, cónyuge, concubino, que fueron declaradas ausentes por decisión judicial, la suma que percibirán será de 500 mil Unidades Indexadas (UI). Las víctimas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz del accionar del Estado, recibirán la suma de 250 mil UI; mientras que las víctimas que siendo niños o niñas hayan permanecido desaparecidos por 30 días percibirán 375 mil UI. En la redacción del proyecto que el gobierno remitió ayer al Parlamento participaron legisladores de la izquierda, el canciller Gonzalo Fernández y el secretario de Presidencia Miguel Toma. Durante el acuerdo de ministros, Fernández se refirió al importante acuerdo al que arribaron el Poder Ejecutivo y el Legislativo para estrechar filas detrás de la iniciativa, y evitar grandes presiones, aseguraron fuentes gubernamentales participantes de la reunión. El canciller remarcó la importancia de la celeridad del tratamiento de la iniciativa en el Parlamento debido a que debe viajar a Ginebra para rendir un informe sobre Derechos Humanos ante la Comisión respectiva de la ONU. La situación especial de crisis económica internacional impuso al gobierno la necesidad de ser «muy austero», aunque a la administración le hubiera gustado elevar el monto de reparación, indicaron los informantes. Por otro lado, la iniciativa no se discutió por parte del gabinete. No obstante, Vázquez señaló que con ella «se inicia una etapa muy importante dentro de lo que es la restauración democrática del país en lo referente a los delitos cometidos durante la dictadura». Fuentes oficiales reconocen que ha costado elaborar la iniciativa «porque hay muchas situaciones diferentes», y se ha optado por una solución que trata de contemplar la mayor parte de las aspiraciones de las personas sabiendo que no las va a abarcar todas. Mientras la iniciativa era firmada por el presidente y su equipo de gobierno, un grupo de personas integrantes de la asociación Crysol reclamaba la urgente consideración de la iniciativa. En otro orden, la situación en la que se encuentra el Casmu es de gran preocupación para el gobierno. Los resultados de la reciente asamblea del gremio referido al incremento de medidas de paro «es negativo a la búsqueda de acuerdos», indicaron fuentes oficiales. La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, aseguró que no solicitó intervención alguna, no obstante, el MSP avaló las medidas que tomó la Dirección Técnica de la institución de denunciar penalmente a las personas que abandonaron sus lugares de trabajo en los Centros de Tratamiento Intensivo. A pesar de haberse detectado «omisión de asistencia», el Ministerio no decretó la esencialidad porque considera que es un pequeño grupo el que actuó de esa manera y no el colectivo de la institución.