Marcos Carámbula presentó plan de seguridad

El precandidato a la presidencia por el FA, doctor Marcos Carámbula, reveló anoche en Maldonado, en una mesa redonda y debate sobre "Seguridad como Derecho Humano", 18 pautas sobre la materia.

Escrito por: Ricardo Almada | Maldonado

Los anuncios fueron seguidos con atención por diversas autoridades presentes en el evento, como el propio jefe de Policía de Maldonado, Eduardo Martínez, la ex jefa de Policía, doctora Graciela López, el intendente De los Santos y miembros del gabinete municipal, así como otros altos dirigentes y miembros del gobierno nacional que acompañaron al precandidato.

El documento no sólo hace un análisis profundo de la situación del tema seguridad, sino que propone soluciones para los grandes problemas en la materia, a mediano y largo plazo, con hincapié en que debe ser una tarea de todos los uruguayos.

Señaló que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, aunque reconoció que la demanda ha sido insatisfecha, pero asumió el compromiso del FA de seguir avanzando porque se trata de un tema que tiene un lugar prioritario en la agenda.

El documento contiene 18 puntos que no sólo ofrecen un diagnóstico de la situación actual, sino también herramientas convincentes para mejorar la calidad de vida de los uruguayos en materia de seguridad y preservar los derechos de todos, apuntando a una humanización de quienes caen en las garras del delito, como mecanismo para lograr su reinserción.

Entre otras cosas, prevé la conformación de un Consejo Asesor de Seguridad Ciudadana y Convivencia dentro de una ley marco, cuyo cometido será colaborar en el diseño de la política pública en la materia; estará integrado por representantes técnicos de todos los partidos políticos.

Habrá prioridad absoluta en el otorgamiento de recursos presupuestales para el Ministerio del Interior por el término de 2 años, incluyendo un plan de recuperación salarial de los integrantes de la institución policial, además de más y mejor capacitación para los policías dedicados a prevenir el delito. Uruguay cuenta en este momento con una de las tasas de policía por habitante más altas del mundo, con 545 cada 100.000 habitantes.

Además apunta a continuar recomponiendo “la confianza” entre la Policía y la sociedad, ya que en ningún caso las Fuerzas Armadas (el Ejército) “pueden cumplir funciones de seguridad interna”.

Continuar con el proceso de fortalecimiento institucional de la Policía, modernizándola y apuntando a la profesionalización del personal (se aumentarán las exigencias para ingresar a sus cuadros buscando mejor formación en prevención del delito), mejorando sus condiciones de trabajo y dignificando sus tareas como “servidores públicos”. En este marco, se establece la reducción gradual de las horas que los efectivos cumplen por el Servicio 222, hasta su eliminación total, cuando se logre alcanzar la compensación salarial correspondiente. Además recalca que serán reconocidos los derechos gremiales de los policías, aspecto sobre el que hubo un gran avance con el actual gobierno, pero generando mejores condiciones de negociación y diálogo y respetando las disposiciones que rigen a nivel internacional.

En cuanto a los ciudadanos privados de su libertad, hace hincapié en que la reclusión no debe funcionar como “universidad del crimen y perfeccionamiento de las redes de marginalidad”, buscando un sistema carcelario que dependa en el más breve plazo, de un Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado, y creando además 5 nuevos establecimientos penitenciarios para adultos hombres, distribuidos territorialmente en el país según la densidad poblacional. No descarta incluso, posibles formas de asociación del sector público con el privado. Carámbula subrayó que “es absolutamente falso que las personas menores de 18 años sean inimputables en el Uruguay de hoy; el concepto de inimputabilidad quedó detenido en 1934 cuando se aprobó el Código viejo del Niño; hoy la legislación nacional establece que los menores de 18 años tienen un régimen de derechos y obligaciones”, ya que, “si un menor viola los derechos de terceros es responsable penalmente dentro de un sistema penal especial que implica las penas de privación de libertad extensas, teniendo en cuenta la edad de las personas involucradas en el proceso”. Reconoció empero que el actual sistema aún debe ser mejorado en múltiples aspectos.