Piden procesamiento de Alfonso por difamación contra Tutzó

La fiscal Ana María Tellechea solicitó ayer el «enjuiciamiento» del periodista Alvaro Alfonso por un delito de «difamación», al considerar en «prima facie», que no pudo demostrar la veracidad de una afirmación publicada en un libro de su autoría, sobre la conducta del actual edil comunista Carlos «Púa» Tutzó, en Dictadura.

Alfonso afirmó en el libro «Secretos del PCU» que: «Carlos Tutzó detenido en 1977, considerado como duro y tenaz, militó en la clandestinidad de la UJC y se convirtió en secretario de Organización del Regional 5. Sin embargo, fuentes militares dijeron que colaboró; en el PCU hay dudas»

Sin embargo, Alfonso «no ha podido demostrar la veracidad de la afirmación» expresada, por lo cual la Fiscalía solicitó su «enjuiciamiento por haber incurrido en un delito de ‘difamación’, arts. 60 y 336 del CP y ley 16.274″.

«El derecho al honor se encuentra consagrado en la Carta Magna en el mismo nivel jerárquico que el derecho a la comunicación del pensamiento, como derechos fundamentales.

Pero para evitar jerarquizar uno sobre el otro, es necesario realizar una interpretación que logre un equilibrio entre la coexistencia de ambos derechos», expresa el dictamen de la fiscal.

Concordando con el destacado jurista y ex ministro de la SCJ, Milton Cairoli, la fiscal Tellechea dice que: «atribuir es imputar algo a alguien, pero en este tipo penal (la difamación) debe tratarse de un hecho determinado, no una generalidad.

La atribución debe ser realizada ante varias personas de modo que pueda difundirse causando las consecuencias a que se refiere la norma».

Alvaro Alfonso «evidentemente (…) le atribuye (al edil Tutzó) un hecho concreto que puede exponerlo al odio o desprecio público, y no sólo con relación a sus compañeros del PCU. Además, (…) un libro, como el que contiene la aseveración cuestionada, es potencialmente un medio de difundir un hecho a innumerable número de personas que, en caso de no ser cierto, puede dar lugar a exponerla al odio o desprecio público, tal como lo requiere la figura delictiva», dice la fiscal.

Además, «indudablemente el denunciado no probó la veracidad del hecho que le atribuyó al denunciante con el cual le profanó su derecho al honor, que en este caso, debe ubicarse por encima del derecho de comunicación de un pensamiento», concluye Tellechea para solicitar el procesamiento.

 

El juicio

La denuncia penal presentada por el edil Carlos Tutzó contra el periodista sobre finales de julio de 2007, se tramitó en base a la ley 16.274. El juez Penal de 10º Turno, Rolando Vomero, asumió el expediente y, desde el pasado 7 de octubre de 2007, tomó declaración a más de veinte testigos, entre ellos todos los integrantes del Comité Central del PCU.

Casi la unanimidad de los testigos comparecientes «aún los propuestos por la parte denunciada, dieron testimonios contrarios a dicha afirmación, con excepción de uno de ellos (el ex militante comunista Elizardo Iglesias) que, a consecuencia de los hechos que se dieron posteriormente (en audiencia), quedó descalificado», expresó la fiscal.

El periodista «defendió la veracidad de la afirmación cuestionada declarando que se basó en ‘fuentes militares’ y alguna que reservó amparándose en el secreto profesional», e interrogado por el magistrado negó retractarse en dos oportunidades.

El periodista señaló la existencia de «un acta que corrobora que colaboró».

El acta refiere al interrogatorio de Tutzó ante la «Justicia Militar», donde se expresa que el hoy edil mencionó el nombre de Ana Bello.

La militante comunista declaró en audiencia que, al ser detenido Tutzó, ella se encontraba hacia más de un año en México, y no fue detenida por la dictadura.

El dictamen de la Fiscalía promovió que el abogado defensor, Gustavo Salle, solicitara «plazo» para plantear su estrategia de defensa «ante el nuevo panorama», cuando el juez Vomero se aprestaba a realizar las preguntas «ratificatorias» de rigor por el artículo 223 del CPP.

El abogado adujo derecho de igualdad de partes, lo cual fue aceptado por la fiscal y el magistrado, pese a no encontrarse dentro de las prerrogativas comprendidas en la norma.

Por tanto, hoy existirá una nueva audiencia, donde Salle podría interrogar a su cliente y el próximo miércoles 6 de mayo el juez Vomero resolverá sobre el dictamen de la Fiscalía.