La Justicia notificó a las cuatro personas imputadas por el fiscal Ricardo Perciballe como integrantes del “Escuadrón de la Muerte”, sobre el pedido de procesamiento en su contra por tres crímenes atribuidos a esa organización parapolicial, sobre principios de la década del ’70.
El decreto librado por la jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, notifica al empresario radial y ex integrante de la Juventud Uruguaya en Pie (JUP), Miguel Sofía, y a los ex efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), Pedro Freitas, Washington Grignoli y Jorge Grau Saint Laurent, sobre el pedido de procesamiento en su contra solicitado por la Fiscalía. Al mismo tiempo, el decreto anuncia la concreción de una futura audiencia en la cual los denunciados deberán comparecer con asistencia letrada, es decir, en compañía de sus abogados, puesto que sus testimonios serán recabados en calidad de “imputados”, explicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
En este sentido, la jueza Eustachio encargó a los funcionarios de las oficinas actuarias de la Sede, la coordinación de las fechas disponibles para concretar estas audiencias, tras las cuales se podría disponer sus procesamientos por los crímenes de esta organización parapolicial, en el período predictadura.
El extenso dictamen del fiscal Perciballe realiza un meticuloso estudio sobre el contexto socio-histórico en el cual se produjo el nacimiento, consolidación y accionar del “Escuadrón de la Muerte”, en base a extensa documentación histórica sobre ese período. Su existencia fue puesta en entredicho por el reconocido abogado y ex magistrado Miguel Langón en un informe jurídico en defensa del empresario Sofía. Las actividades e integración del comando parapolicial había sido puesto de manifiesto por el ex agente Miguel Bardesio, actualmente detenido en Argentina, cuya extradición fue requerida por la Justicia uruguaya.
El fiscal concluye que los hoy imputados son responsables de un delito de “asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración”, un “delito de desaparición forzada”, por el caso de Héctor Castagnetto, y “dos delitos de homicidio muy especialmente agravados”, en los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, y solicita su procesamiento con prisión.
La investigación judicial liderada por la jueza Eustachio se sustanció tras la presentación por el Serpaj de una denuncia penal por la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto en agosto de 1971. Sin embargo, la abundante prueba recabada durante la indagatoria implicó que la Fiscalía incluyera en su dictamen los asesinatos de Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.
Los pormenores del accionar de la organización parapolicial comenzaron a quedar al descubierto en 1972 con el testimonio del ex fotógrafo policial y ex agente de la CIA, hoy en Argentina en proceso de extradición, Nelson Bardesio, durante su detención en la Cárcel del Pueblo.
Bardesio narró al MLN todos los detalles sobre el operativo de secuestro y desaparición de Castagnetto y, tras ser liberado por el MLN-T reiteró sus dichos ante legisladores de todos los partidos durante un encuentro desarrollado en el Colegio Sagrado Corazón, tal cual lo detalla Perciballe en su dictamen.
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