El requerido Closa Cuevas fue indemnizado por ley paraguaya

Un familiar del paraguayo Angel Pedro Closa Cuevas, miembro del Escuadrón de la Muerte en Uruguay, habría cobrado en Paraguay una indemnización de 2.500 jornales nacionales como víctima de violaciones a los derechos humanos durante esa dictadura (1954-1989), según los registros de beneficiarios.

Closa Cuevas (o una persona con el mismo nombre) aparece amparado en la Ley Nº 389/96, aprobada por el Congreso paraguayo el 29 de marzo de 1996, con la que se indemniza a las víctimas de la dictadura con montos de 3.000 jornales por desaparecidos, 2.500 por tortura y 500 por prisión ilegítima.

En los registros oficiales paraguayos se informa que el 23 de julio de 2007 «Lilián Stella Closa de Salinas por Angel Pedro Closa Cuevas» fue indemnizada por el Estado paraguayo con 2.500 jornales mínimos nacionales, es decir como víctima de «tortura con secuela física y psíquica grave y manifiesta», según la ley.

El nombre de Angel Pedro Closa Cuevas también figura en un listado que fue presentado ante el Archivo del Terror para solicitar documentación que confirmara los reclamos de las víctimas de la dictadura del régimen impuesto por el general Alfredo Stroessner el 15 de agosto de 1954.

 

La cédula 1.122.053-0

Cuando Closa Cuevas llegó a Uruguay en 1965 se presentó como un exiliado paraguayo para infiltrarse en las organizaciones de izquierda de la localidad de Dolores. Su respaldo en Uruguay era el embajador Luis Atilio Fernández, que hasta hace poco fue un cuadro del Partido Colorado de Paraguay. Angel Pedro Closa Cuevas fue requerido internacionalmente por el fiscal uruguayo Ricardo Perciballe como uno de los responsables del Escuadrón de la Muerte, que en los años 70 ejecutó atentados, asesinó a Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini y desapareció a Abel Ayala y Héctor Castagnetto. La acusación fiscal ante la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, también pide el procesamiento del empresario Miguel Sofía, los inspectores Pedro Fleitas y Jorge Grau Saint Laurent y el policía Washington Grignoli, todos ellos miembros del Escuadrón de la Muerte. Angel Pedro Closa Cuevas, con la cédula de identidad Nº 1.122.053-0, todavía aparece en el padrón del orden de egresados para las elecciones universitarias de 2001 y como médico reconocido oficialmente en un listado de profesionales de las páginas del Ministerio de Salud Pública uruguayo.

 

Abuso de impunidad

La posibilidad de que el Estado paraguayo haya indemnizado a Closa Cuevas o sus familiares por su condición de víctima de la dictadura podría implicar un caso más de los que se han criticado al defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, quien ya habría beneficiado a informantes stronistas.

El diario ABC de Asunción publicó este viernes un artículo en el que se informa sobre el malestar generado en organizaciones sociales y víctimas de la dictadura por la discrecionalidad con que Páez Monges maneja la aplicación de la ley que otorga reparaciones económicas a las víctimas.

Entre los casos denunciados se incluye el de Eustaquio Burgos, de la jurisdicción de Itacurubí de la Cordillera, quien era informante de la dictadura militar y terminó siendo amparado en la reparación con una indemnización de 1.000 jornales por lesiones en una tortura que nunca habría sufrido.

El de Closa Cuevas podría ser un caso más de abuso de impunidad que se estaría registrando en Paraguay, donde otras 11.700 personas se presentaron ante la Defensoría del Pueblo luego de una ampliación de los plazos otorgados a las víctimas de la dictadura paraguaya.