Preferencia a Colonización en campos de más de 500 ha

Por 54 votos en 61 legisladores se aprobó que el Instituto Nacional de Colonización sea el único que contará con el respaldo legal para finalmente determinar qué sentido social y productivo le dará a su cartera de tierras.

Hubo dos legisladores del Partido Nacional que acompañaron la votación en general de la iniciativa. La ley aprobada y que ahora pasó al Senado para su sanción definitiva establece además que el INC será, a través de su directorio, el que resolverá si desafecta o no las parcelas que administra fundamentalmente en los departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro, entre otros: son algo más de 130.000 hectáreas. El proyecto de «repoblamiento de la campaña», además, modifica la Ley Nº 18.187 del 2 de noviembre de 2007, dándole preferencia al Instituto de Colonización ante la venta de determinados predios superiores a 500 hectáreas y a un índice Coneat 100, afectándolos a los fines de interés colectivo que por la ley se promueven. Nadie sabe a priori qué ocurrirá en las sesiones de la Cámara de Representantes hasta que el presidente determina que «no habiendo más asuntos, se levanta la sesión». Ayer martes por la mañana todo parecía indicar que el proyecto a debatir en la sesión extraordinaria fijada para la tarde iba a ser tratado con plena sintonía entre las bancadas ya que previamente había un acuerdo interpartidario para sancionar los cambios de un artículo de la ley de repoblamiento de la campaña. Pero no fue así. El oficialismo introdujo un concepto sobre la propiedad de la tierra que la oposición no tenía intenciones de aprobar. El Partido Nacional en general y el Herrerismo en particular rechazaban la propuesta de que fuera el Instituto de Colonización el que determinase la administración de algo más de 130.000 hectáreas que adquirió por imperio de la Ley Nº 11.029 del 12 de enero de 1948. Esa norma estableció el pasaje de las tierras que hasta entonces administraba el Banco Hipotecario del Uruguay y su hoy extinto «departamento de Fomento» al Instituto Nacional de Colonización. Ayer, 61 años más tarde de haberse aprobado aquella ley, se le dio media sanción a un artículo que de alguna manera interpreta esa norma legal y dice que las tierras colonizables pueden ser afectadas por el Instituto Nacional de Colonización con una visión más social. «La ley que estamos aprobando pone en orden el sistema jurídico de las tierras que hoy tienen diferentes orígenes», señaló en su intervención el diputado Gustavo Guarino (Alianza Progresista). Homero Viera (MPP) destacó el sentido social que tendrá en su concepción la modificación legal propuesta.