Caso Escuadrón: dudas sobre paradero de médico paraguayo

La noticia divulgada ayer sobre el pedido de captura internacional requerido por el fiscal Ricardo Perciballe contra el «médico» paraguayo Angel Pedro Crosas Cuevas, por su vinculación con los crímenes del «Escuadrón de la Muerte», generó amplia repercusión en Paraguay.

En este sentido, Carlos Portillo, integrante de la Comisión Verdad y Justicia, una institución que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país guaraní, aseguró a la prensa que en ese país «no se tienen noticias» sobre la vida ni el eventual paradero de Crosas Cuevas.

«No se sabe siquiera si era médico» y tampoco si vive actualmente en Paraguay u otro país. «No hay noticias. No sabemos nada. Ni siquiera si alguna vez se graduó de médico», expresó Portillo.

Sin embargo, el activista recordó haber escuchado «alguna vez» el nombre de Crosas Cuevas, vinculado al caso de Soledad Barret, una joven militante de izquierda paraguaya, asesinada el 8 de enero de 1973 en Recife (Brasil), a la edad de 28 años.

El nombre de Soledad Barret es recordado en Uruguay puesto que cuando tenía 16 años de edad y residía en Montevideo fue secuestrada por una organización clandestina de ultraderecha, que le tatuó una esvástica en el cuerpo, después de someterla a otras torturas.

Por esta razón, la Comisión Verdad y Justicia se encargará de revisar los archivos del Ministerio de Salud de Paraguay con el objetivo de comprobar si existe matrícula con el nombre de Crosas Cuevas, informó el diario paraguayo La Nación en su portal de Internet.

Angel Crosas Cuevas es considerado uno de los ideólogos de la creación del «Escuadrón de la Muerte» y uno de los «jefes operativos» de varios grupos de la organización parapolicial, así como nexo directo con el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara.

La Fiscalía solicitó su captura internacional porque no existe confirmación oficial sobre su fallecimiento, si bien se tiene la presunción de que efectivamente estaría muerto, tal cual informó ayer LA REPUBLICA. En este sentido, el integrante de Serpaj, Guillermo Payseé, dijo que la información en poder de la institución, aportada oportunamente a la Justicia, indicaría que «está muerto».

Además, Serpaj aportó información sobre el entonces embajador paraguayo en Uruguay, Atilio Fernández, «posiblemente vinculado a estos hechos». La hipótesis de la participación de Fernández se inserta dentro del contexto de la época previa al golpe de Estado, en el cual miembros del «Escuadrón» recibieron instrucción militar en Brasil y en «la influencia e injerencia de embajadas y funcionarios diplomáticos extranjeros en la represión en Uruguay», dijo Payseé.

 

Riesgo latente

El pedido de procesamiento con prisión solicitado por el fiscal Ricardo Perciballe incluye al empresario de la comunicación Miguel Sofía y a los policías de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), Pedro Freitas, Jorge Grau Saint Laurent y Washington Grignoli.

El histórico dictamen de la Fiscalía solicita la prisión de los responsables por un delito de «asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración», un «delito de desaparición forzada», por el caso de Héctor Castagnetto, y «dos delitos de homicidio muy especialmente agravados», en los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez.

En este sentido, información obtenida por LA REPUBLICA indica que Sofía habría salido del país y se encontraría con paradero desconocido, tras vender recientemente sus emisoras «Grupo del Plata» al empresario mexicano-norteamericano Angel González, propietario de un inmenso «imperio» de la comunicación. En este sentido, el abogado Guillermo Payseé declaró ayer que «el riesgo (de huida de Sofía) está latente», según reproduce el sitio Montevideo Portal.