Voto verde: 20 años de una gesta democrática clave del Uruguay

La denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no fue un hecho aislado, ni obedeció a una salida apresurada a una situación de crisis institucional. La impunidad para los militares perpetradores de los peores crímenes de la historia del Uruguay, consagrada por esa ley con los votos de la derecha política, fue una piedra angular del proyecto político y económico neoliberal diseñado para nuestro país.

Para definir un presente y un futuro acotado, sin alternativas, sin transformaciones posibles, se necesitaba un pasado permanente, una «transición» casi eterna y a eso se apostó.

No fue sólo dejar sin juzgar las violaciones a los DDHH y proteger a sus responsables, fue también ocultar y negar la continuidad de una política económica y un modelo de sociedad.

 

Nacimiento de la impunidad

Cuando los más connotados violadores a los DDHH, la mayoría de los cuales están presos hoy, anunciaron un desacato a la Justicia, la respuesta desde el gobierno del Partido Colorado, en lugar de hacer cumplir la ley, fue buscar subterfugios legales para no molestarlos.

Primero se produjo la contienda de competencias que interpuso la Justicia Militar a los tribunales civiles. En mayo de 1986 es el Partido Colorado el que plantea que intervenga la Justicia Militar o que se juzgue sólo a un grupo. Esa solución es rechazada. En agosto de 1986 el Partido Colorado plantea sin ambages una ley de Amnistía para Militares y Policías. Luego vino una propuesta del Partido Nacional para que fuera la Suprema Corte de Justicia la que los juzgara.

Posteriormente, cuando el comandante del Ejército de entonces, teniente general Hugo Medina, encajonó todas las citaciones y avaló institucionalmente el desacato, el gobierno de Julio María Sanguinetti propuso nuevamente una amnistía.

Finalmente, el 20 de diciembre de 1986 el Partido Nacional presenta en el Senado, con las firmas de Gonzalo Aguirre, Juan Raúl Ferreira, Guillermo García Costa, Luis Alberto Lacalle, Dardo Ortiz, Uruguay Tourné, Francisco Mario Ubillos y Alberto Zumarán, el proyecto de la Ley de Caducidad.

Tanto el gobierno, como la mayoría del Partido Nacional, deciden aprobar a marcha forzada el proyecto de ley, con el argumento de la posibilidad de un quiebre institucional. Un día después, es aprobado en el Senado.

Al otro día, el 22 de diciembre, con sesiones celebradas un fin de semana, día y noche, se discute y aprueba en Diputados.

Los debates fueron tensos. El diputado colorado Edison Rijo le tiró con un vaso de vidrio a Tota Quinteros que estaba en las barras, lo que provocó la reacción de la bancada frenteamplista. Fuera del Parlamento, una multitud, mayoritariamente compuesta por jóvenes, se enfrentó durante toda la noche con la Policía.

La ley finalmente fue aprobada con los votos del Partido Colorado, con la excepción del diputado Víctor Vaillant, y del Partido Nacional; con excepciones notorias, como el Movimiento Nacional de Rocha, encabezado por Carlos Julio Pereyra; varios diputados de Por la Patria, entre ellos Oscar López Balestra, y el diputado Carlos Pita de la CPN. El Frente Amplio votó en bloque en contra. El Poder Ejecutivo promulgó la ley esa misma noche.

 

Las firmas

Casi inmediatamente se pusieron en marcha consultas para dejar sin efecto la ley. Madres y Familiares de Desaparecidos lanzó la iniciativa de utilizar el mecanismo de referéndum previsto en la Constitución.

El 12 de enero de 1987, el Frente Amplio adhirió a la iniciativa de recolectar las firmas que se necesitaban para activar la consulta ciudadana. Adhirieron a la convocatoria el Movimiento Nacional de Rocha y varias figuras blancas más, entre ellas un joven dirigente blanco, Rodolfo Nin Novoa; el diputado colorado Víctor Vaillant y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. También manifiestan su adhesión las más importantes organizaciones sociales, el PIT-CNT, Fucvam, la entonces Asceep-FEUU y las organizaciones gremiales de los estudiantes de secundaria, UTU y el interior del país.

El 22 de febrero de 1987 se instala la Comisión Nacional pro Referéndum, presidida por Elisa Dellepiane de Michelini, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz y María Esther Gatti de Islas, abuela de la niña desaparecida Mariana Zaffaroni. La integran decenas de personalidades de la política, la cultura y el deporte. Un médico, ex presidente de Progreso, integra el coordinador y es el responsable de la parte financiera de la campaña: el doctor Tabaré Vázquez.

Se lanza una campaña nacional de recolección de firmas. Había que superar el 25% del padrón electoral, más de 520 mil firmas.

Durante diez meses, miles de brigadistas recorren todo el país, en centros de trabajo, plazas y casa por casa, se da un debate inédito sobre la dictadura sus efectos y sobre el alcance de la democracia.

Desde el gobierno de Sanguinetti continúan las amenazas de «volver al pasado» y se acusa a los promotores del referéndum, un mecanismo constitucional, de poner en peligro la democracia.

El ninguneo de los grandes medios de comunicación fue permanente, especialmente de los canales de televisión y del diario El País.

En diciembre de 1987 se entregaron 634.702 firmas, más del 28% del padrón.

 

La ratificación

El gobierno, la derecha política y mediática, seguían decididos a que no hubiera referéndum. Comenzó un proceso vergonzoso de validación de firmas, en el que la Corte Electoral se valió de cualquier argumento para anular rúbricas intentando que el número no alcanzara. Se llegó a extremos como anular las firmas de Líber Seregni y Carlos Julio Pereyra, dos figuras notoriamente favorables a la consulta. Se utilizó el control para aumentar la campaña del miedo. Se suponía que los datos de los ciudadanos eran confidenciales, sin embargo, desde la Corte se emitían listas de ciudadanos que habían firmado y varios militares que lo habían hecho fueron sancionados, entre ellos el capitán Gastón Silberman.

El proceso de validación llevó un año y finalmente ante la imposibilidad de bloquear la consulta por la intensa movilización popular en defensa de las firmas, el gobierno y la Corte recurrieron a un mecanismo inédito y poco recordado por quienes ahora destacan el pronunciamiento democrático y en realidad, entonces, hicieron hasta lo imposible por impedirlo.

La Corte Electoral decidió llamar a 19.000 ciudadanos a ratificar su firma, ante supuestas dudas sobre la autenticidad de la misma. Se fijaron los días 18, 19 y 20 de diciembre para que los mismos concurrieran a algunos circuitos electorales habilitados y ratificaran la misma. El esfuerzo organizativo y militante fue gigantesco, para ubicar, convencer y trasladar a miles de ciudadanos en todo el país en tres días.

El último día, un túnel humano de miles de personas esperaba en la Ciudad Vieja a los que iban a ratificar que fueron trasladados en autos, motos, bicicletas y hasta en carros.

Cuando el esfuerzo popular derrotó esta nueva maniobra, la explosión masiva fue increíble. Hubo un paro espontáneo y miles fueron a festejar a la Universidad.

Un grupo de policías de civil se enfrentó con parte de los manifestantes en la calle Tristán Narvaja y Colonia, dispararon varias veces y hubo tres heridos de bala.

 

El voto verde

Finalmente y luego de superadas todas las maniobras, el referéndum fue fijado para el 16 de abril de 1989. Al voto por la derogación se le asignó la papeleta color verde y al voto por el mantenimiento el amarillo.

La Comisión Nacional promovió una campaña basada en el fortalecimiento de la democracia, en la necesidad de verdad y justicia. Un grupo de publicitarios trabajaron honorariamente, entre ellos Horacio «Corto» Buscaglia, y lanzaron una campaña absolutamente novedosa. Con la música de La Bamba, se llamó a votar verde «por la alegría, por que el pueblo decida, por la verdad».

Desde el gobierno y la derecha, la campaña
siguió siendo la del miedo. El vicepresidente de la República, Enrique Tarigo, dijo que no sabía si los militares acatarían una derogación y el general Medina consultado respondió: «Veremos».

La gran prensa siguió ninguneando al voto verde al extremo de que los canales de televisión censuraron la emisión de un aviso pago de la Comisión en el cual Sara Méndez hablaba de su hijo desaparecido, Simón Riquelo. La frase del presidente Sanguinetti, «en Uruguay no hay niños desaparecidos», no podía ser contradecida.

El 16 de abril, se votó; 1.018.856 (57%) uruguayos votaron amarillo, 777.221 (43%) votaron verde. La ley se mantuvo. Nadie festejó, Montevideo amaneció desierta.

La derrota caló hondo, hubo 18 años más de impunidad. Sin embargo, por primera vez los dos partidos tradicionales unidos perdieron en Montevideo; varias figuras políticas blancas y coloradas se encontraron por primera vez con el FA. Y lo más importante, la sociedad uruguaya debatió sobre la dictadura y los desaparecidos como nunca antes y contra la voluntad expresa del poder político y mediático.

Eduardo Galeano dijo entonces: «Uruguay es un país gris que tiene un país verde en la barriga». La vida le dio la razón.