Vázquez define hoy traslado de reclusos

La decisión de trasladar a los reclusos a Punta de Rieles ahora choca con la posición del Espacio Memorias para la Paz, comerciantes y vecinos de la zona, que pretenden transformar el Centro de Instrucciones de Suboficiales del Ejército en un memorial a las mujeres que fueron víctimas de la represión militar.

Sin embargo, fuentes gubernamentales indicaron a LA REPUBLICA que no existen otras alternativas a Punta de Rieles, para poder trasladar a reclusos de «baja peligrosidad».

De todas maneras, las autoridades de gobierno entienden necesario analizar el planteo que en esta jornada será puesto sobre la mesa.

El Gabinete de Seguridad ha venido trabajando desde hace algunas semanas en el contenido del plan de descongestionamiento del sistema carcelario, en el cual se incluye, en una primera etapa, el traslado de reclusos primarios no complejos y procesados sin condena, desde el Comcar a la ex cárcel de Punta de Rieles.

Interior dispondrá de otros locales ofrecidos por los ministerios de Defensa, Vivienda y Salud Pública. En este último caso, se trata de dos pabellones de la Colonia Santín Carlos Rossi, en los que podrían alojarse reclusos con problemas psiquiátricos.

Vivienda, en tanto, entregó a Interior el resultado de un relevamiento de locales disponibles que podrían alojar a reclusos con salidas transitorias.

Si bien por el momento se trasladará a los reclusos de «mínima y media seguridad» al cuartel de Punta de Rieles, también se manejó como un próximo paso la posibilidad de construir «celdas livianas prefabricadas» en la chacra del penal de Libertad para reclusos de «mínima seguridad», indicaron fuentes oficiales.

El traslado de reclusos al actual Centro de Instrucción para Suboficiales del Ejército significará un problema adicional: hacia dónde realojar a alrededor de 400 alumnos que concurren a dicha unidad militar. En principio, los cursos se impartirían en otra unidad militar, aún a definir, en espera de que se decida un lugar definitivo.

La ministra Tourné, quien entregará hoy su informe al presidente, expresó tiempo atrás que su intención es aplicar, como parte de otras etapas del plan, un «régimen de progresividad», lo que significa utilizar inmuebles más pequeños, proporcionados por el Estado, como celdas y poder categorizar a los reclusos.

Tourné recordó que el 1º de marzo de 2005 el presidente Tabaré Vázquez decretó la emergencia sanitaria en todas las cárceles del país.

Desde ese momento se han generado 1.200 plazas nuevas, se han realizado inversiones por más de US$ 6 millones de dólares y próximamente se inaugurará la cárcel en Juan Soler, a pocos kilómetros de San José.

Recordó que también se iniciaron las obras para la nueva cárcel en Rivera y la construcción de la cárcel de alta seguridad que estará ubicada en el predio del Penal de Libertad y nuevos módulos en Las Rosas, en Maldonado.

El Gabinete de Seguridad está integrado por la ministra Tourné, además de las ministras María Julia Muñoz (Salud), María Simon (Educación), Marina Arismendi (Desarrollo Social), y los subsecretarios Andrés Masoller (Economía), Jorge Menéndez (Defensa) y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio.

 

Controversia

El pasado lunes, representantes del Espacio Memorias para la Paz, de una agrupación de comerciantes de la zona, la Asociación Bañados de Carrasco, la Extensión Universitaria, la Mesa de Coordinación Zonal del Soca, Nodo Educativo, Grupo de Jóvenes de Bella Italia, Concejales de la Subzona 1 y 2, Complejo de Viviendas Policiales y CoViTre-Ma elevaron una misiva al presidente Vázquez y a los ministros José Bayardi (Defensa Nacional) y Daisy Tourné (Interior) planteando sus reclamos.

En la misiva consideran que es «inapropiada la propuesta de la reinstalación de una cárcel en la zona de Punta de Rieles debido a que «la memoria tiene sitios simbólicos concretos donde se expresa. Este es uno de ellos y el único que representa la lucha de las mujeres por justicia social y las de sus familiares y vecinos resistiendo la dictadura cívico-militar».

Asimismo, afirman que la zona es la «máxima expresión del proceso de fragmentación social que ha experimentado Montevideo, por lo que se viene decididamente trabajando desde hace muchos años tratando de dinamizar la misma con planes económicos, productivos, sociales y culturales». A la vez entienden que «lejos de resolver el problema de las inhumanas condiciones en las que hoy se encuentran los presos sociales se generaría un agravamiento de las condiciones sociales de la zona».