"Firmas blancas" alientan conteo

Ningún cuartelazo justifica la impunidad.

El PIT-CNT desplegará brigadistas por el departamento que gobierna Julio Pintos (firmaron todos los intendentes frentistas), y donde estampó su rúbrica Alvaro Lamas, intendente de 2000 a 2005, cuando ejerció el cargo que abandonara Jorge Larrañaga para lanzarse a disputar la Presidencia. Lamas era considerado hasta entonces como “el delfín político” de Larrañaga, cuando el ahora otra vez precandidato se había postulado por vez primera, pero resultó derrotado por Tabaré Vázquez. También visitarán el departamento de Treinta y Tres, (gobernado por el frentista Gerardo Amaral), antes a cargo del blanco Wilson Elso Goñi, del Movimiento Nacional de Rocha, que abandonó Por la Patria, en 1987, ante la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

En Paysandú y en Treinta y Tres se desarrollarán los eventos de mayor concurrencia masiva en la próxima semana: la sanducera Semana de la Cerveza y el treintaytresino Festival del Olimar. Otro lugar de esparcimiento multitudinario será la criolla que comienza hoy en El Prado de Montevideo.

La recolección de firmas en Paysandú y en Treinta y Tres apuntará a concitar más adhesiones de las llamadas “firmas blancas”, las rúbricas de los ciudadanos de extracción nacionalista, y de los wilsonistas que dejaron de justificar la Ley de Impunidad como forma de evitar los “cuartelazos”.

La campaña durante la semana sanducera será reforzada con militantes de los sectores frentistas.

La incorporación de las “firmas blancas” comenzó a ser percibida a finales del año pasado, pero ahora son vistas como “un aliento” durante el tramo final del conteo de firmas a ser presentadas.

Siendo intendente, Lamas ya había apoyado en 2003 la derogación de la Ley 17.448, que hubiera permitido al gobierno de Jorge Batlle la entrega de Ancap a empresas petroleras trasnacionales.

Incluso participó de un acto en el que hablaron los ediles blancos Nilda Ramos y Sergio Arrigoni.

En el mismo acto, el escribano Lamas firmó su adhesión al anteproyecto de reforma constitucional impulsado entonces para garantizar que el Estado sea a futuro el único proveedor de agua potable, y para impedir así que empresas extranjeras pudieran controlar las redes de suministro al usuario.