Proponen excluir de controles a servicios sin riesgo de lavado
La Cámara de Zonas Francas del Uruguay propuso «la segmentación de actividades» a la hora de instrumentar los controles para prevenir el lavado de activos planteando dejar fuera de la obligación legal a las que a nivel mundial son consideradas como de muy bajo riesgo o riesgo nulo para el tratamiento de lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo: servicios de logística, «call centers», informática, biotecnología, industrias y servicios de telecomunicaciones. La postura fue desarrollada por el titular de la novel Cámara, presidente contador Daniel Carriquiry el pasado martes 17 en la Comisión Especial sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado que analiza la modificación a la ley Nº 17.835. Carriquiry puntualizó que «actualmente, hay una serie de actividades que no son controladas por el Banco Central que, en nuestra opinión, podrían ser valoradas como de riesgo». Entre ellas, «podemos mencionar las relativas a usuarios que brinden servicios profesionales, servicios fiduciarios; asimismo, las de personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren en forma habitual sociedades comerciales cuando éstas no formen un consorcio o grupo económico». «La Cámara de Zonas Francas entiende que el combate del lavado de dinero y del terrorismo es una prioridad para el país y para sus asociados. No estamos en contra de participar en el control de las actividades; todo lo contrario, nos unimos a los esfuerzos para ello.
En tal sentido, comprendemos las razones de la política de Estado que han llevado a incluir, frente al lavado de activos, a los explotadores de zonas francas como sujetos obligados en el proyecto de ley a consideración del Parlamento», agregó Carriquiry. Por tanto, «lo entendemos y lo compartimos; sin embargo, pensamos que es necesario distinguir, en las actividades que puedan estar bajo nuestro control, situaciones en las que se pueden detectar actividades inusuales o sospechosas, de aquellas que ya se encuentran controladas por otros organismos del Estado».
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