Juzgado Penal de 9º Turno: declararon el ex juez Larrieux y el ex fiscal Salaverry

Caso Fontana: ex magistrados niegan irregularidades

>El ex juez de Instrucción Juan Carlos Larrieux y el ex fiscal del Crimen Martín Salaverry comparecieron ayer ante la Justicia en el marco de la causa por la cual se investiga el homicidio de Cecilia Fontana de Heber, en setiembre de 1978.

Los ex magistrados fueron interrogados ayer por la jueza penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, sobre la modalidad de investigación judicial sustanciada en la época sobre el crimen de Fontana, con vino envenenado, indicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.

Las interrogantes devenían por el proceso judicial asignado por el Juzgado al crimen, donde las «víctimas» fueron consideradas sospechosas, se descartó por completo la hipótesis de un «atentado político» y el expediente fue derivado en vista a la Fiscalía recién dos años después de iniciado el proceso.

El ex senador Carlos Julio Pereyra, denunciante en la causa y víctima del atentado, fustigó duramente el proceso judicial sustanciado en 1978 por el juez Larrieux, al considerarlo «una farsa». «Evidentemente fue una farsa, tanto por la Policía como por la Justicia de entonces».

La investigación judicial quedó trunca porque «hubo voluntad de ocultar la investigación». El juez emplazó a las víctimas porque «éramos sospechosos». «Era el criterio de la época, los políticos eran tan corruptos que se mandaban este tipo de mensajes. Fue una verdadera denegación de Justicia», dijo el ex legislador.

Larrieux explicó en este sentido que «los fiscales no tenían la participación que tienen ahora» en los procesos y durante la investigación pretendió «tomarle declaración a todas las personas vinculadas al caso». «En un caso como este hay que investigar todo el entorno de las presuntas víctimas para ver quién podría haber tenido animosidad con ellas para perpetrar un atentado de esas características», dijo Larrieux al retirarse del Juzgado.

«Los únicos elementos que teníamos fueron los que explotamos», señaló. El ex juez dijo no haber tenido pruebas sobre un presunto móvil político como causa del homicidio «y por eso se investigó el entorno». «No se llegó a los culpables porque no es un caso sencillo», dijo. El ex magistrado aseveró en tanto que la disposición de derivar la investigación desde Homicidios hacia la Brigada de Narcóticos fue responsabilidad del ministro del Interior de la época, sobre lo cual no tuvo «injerencia».

El fiscal Salaverry, en tanto, aseveró que el expediente judicial por la muerte de Fontana le fue entregado «en vista» en enero de 1980 y que durante la investigación realizó «todas las gestiones» para buscar «la verdad», lo cual se desprende, dijo, del dictamen «de cuatro páginas».

El dictamen fiscal expresaba en su párrafo final que «este tipo de homicidios no pueden ser archivados nunca porque van contra la idiosincrasia del pueblo uruguayo». «Busqué la verdad de los hechos, no sé cuáles son, no las imagino, porque esto es un tejido muy alto», expresó Salaverry. El caso fue archivado en 1988 por la entonces fiscal Ofelia Grezzi, recordó.

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