SCJ analiza informe del Parlamento

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) recibió la respuesta de la Asamblea General en la que se «allana la pretensión de la fiscal Mirtha Guianze», en la excepción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 15.848, «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado».

El informe de la Asamblea General arribó a la Corte, y de forma inmediata fue incluido en el expediente en el que se tramita la excepción de inconstitucionalidad contra la normativa y remitido al fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Rafael Ubiría, para su estudio. El fiscal de Corte tendrá ahora un plazo de 20 días para emitir su dictamen sobre la polémica norma.

La respuesta de la Fiscalía de Corte no es vinculante para el máximo órgano del Poder Judicial, «pero sí es una posición relevante», indicaron fuentes de la Corte a LA REPUBLICA.

Tras el dictamen del fiscal Ubiría, el expediente pasa a la Sección de Jurisprudencia en la que se incluye todo el material existente en la Corte sobre el conflicto a dirimir, como por ejemplo, casos específicos en la materia en que la Corporación haya emitido su opinión. En este caso, se incluirá la sentencia Nº 184 de 1988, cuando la Corte declaró constitucional la Ley de Caducidad, por 3 votos a 2, entre otras sentencias, precisaron las fuentes.

Los ministros tendrán luego 20 días cada uno para emitir su posición, con una prórroga de 10 días de ser necesario. La resolución final de la SCJ sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, por tanto, estará efectiva sobre mediados de junio o julio.

La resolución de la SCJ corresponderá al caso concreto, en este caso, al expediente por el cual se indaga la muerte de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray en 1974. Una resolución favorable de la SCJ al recurso interpuesto por la fiscal Guianze podría implicar una andanada de acciones contra la ley 15.848 para investigar crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.