El voto más temido: el fantasma de un desacato militar en 1986

Después que el general Hugo Medina ­entonces comandante en jefe del Ejército, en el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti­ declarara que tenía guardadas «en la caja fuerte» del Comando las citaciones de la Justicia a los militares acusados por violaciones a los derechos humanos, la decisión de encontrar una salida institucional, en forma de ley, se hizo prioridad.

Previamente, los legisladores colorados habían presentado una iniciativa que implicaba una amnistía con todas las letras para los violadores de los derechos humanos, pero las bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio impidieron que la propuesta prosperara.

Así fue como el 22 de diciembre de 1986 y en medio de una agitada sesión, sazonada por las tensiones militares, y lo que parecía un inminente desacato, resultó sancionada la Ley de Caducidad.

Fueron sesiones vertiginosas y en un fin de semana: el 21 fue aprobada en el Senado y al día siguiente en Diputados, y la crónica de la época recuerda que hubo tres intercambios de golpes de puño entre los legisladores y que el representante oficialista Edison Rijo llegó a arrojar un vaso de agua contra la barra, en dirección donde se encontraba Tota Quinteros.

El texto de ese proyecto se presentó el 20 de diciembre en el Senado, con la firma de los nacionalistas Gonzalo Aguirre, Juan Raúl Ferreira, Guillermo García Costa, Luis Alberto Lacalle, Dardo Ortiz, Uruguay Tourné, Francisco Mario Ubillos y Alberto Zumarán.

En su editorial de El País, de este martes 24, el doctor Aguirre recordó que la autoría del proyecto no es suya, como erróneamente le adjudicaron algunos medios, y que «quien proyectó y redactó la ley de caducidad fue el malogrado, querido y muy talentoso correligionario Héctor Martín Sturla», fallecido algunos años después, y por entonces integrante de la Cámara de Diputados. Aguirre, durante el debate admitió con crudeza que la norma corroboraba una violación de hecho fragante de la Constitución respecto a los militares.

Inmediatamente después de su sanción, se pusieron en marcha los mecanismos constitucionales para «dejar sin efecto» esa ley, y así fue como el 12 de enero de 1987 el Frente Amplio adhirió a la iniciativa de recolectar las firmas que se necesitaban para activar la consulta ciudadana.

La Comisión Nacional pro Referéndum se puso a trabajar formalmente el 22 de febrero 87 y a mediados de diciembre de ese mismo se confirmó que se habían alcanzado las adhesiones necesarias ­equivalentes al 25% del padrón­ y que habría plebiscito.

Fue convocado para el 16 de abril de 1989 y en esa oportunidad 57% de votantes se pronunció por el «voto amarillo», que mantuvo la ley vigente, contra el 43% que se manifestó por el «voto verde», que postulaba que quedara sin efecto.

La norma activó un mecanismo jurídico mediante el cual los jueces quedan subordinados a la valoración del Poder Ejecutivo respecto de cuáles son los casos amparados por esa ley. Durante los 18 años siguientes todas las consultas realizadas por el Poder Judicial resultaron archivadas, de tal manera que ningún militar llegó a comparecer ante un tribunal, recién con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez los jueces encontraron que no se ponían obstáculos en los casos que consultaban al gobierno, así como también se empezó a dar cumplimiento a las disposiciones del Artículo 4, relativas a la ubicación de menores y restos de desaparecidos.