PRESOS EN DOMINGO ARENA

La interpretación de la Ley de Caducidad promovida por el actual Poder Ejecutivo «permitió» el procesamiento de diez militares y policías en el marco de la indagatoria por el caso «Segundo Vuelo» de Automotores Orletti y por los traslados clandestinos de presos políticos en 1978.

El 24 de mayo de 2006, el Poder Ejecutivo dispuso la exclusión del caso del militante del PVP, Adalberto Soba Fernández, del amparo de la ley, por tratarse de una «desaparición forzada ocurrida fuera del territorio nacional».

La resolución del Ejecutivo permitió al juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, procesar con prisión a los militares José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ernesto Ramas y Luis Maurente, y a los policías Ricardo «Conejo» Medina y José Sande Lima por el delito de «privación de libertad».

Sin embargo, el proceso no culminó allí y, con posteridad, el Ejecutivo resolvió excluir de la Ley de Caducidad el caso de los restantes 25 militantes de izquierda secuestrados en Argentina y trasladados de forma clandestina al Uruguay entre junio y octubre de 1976. Por esta razón, la fiscal Mirtha Guianze solicitó recientemente la condena a penas de entre 25 y 20 años de los ocho represores por todas las víctimas de la megacausa «Segundo Vuelo».

Asimismo, la interpretación del Ejecutivo de excluir a los mandos militares del amparo de la Ley de Caducidad permitió investigar las denuncias contra el ex dictador Gregorio «Goyo» Alvarez.

La resolución del Poder Ejecutivo por el caso «Traslados clandestinos de 1978″ permitió al juez Charles disponer el procesamiento del ex dictador, así como del marino Juan Carlos Larcebeau.

«No es lógico deducir coherentemente que podía existir información desconocida ni secreta para él (Alvarez), por su condición de jerarca máximo del Ejército Nacional», explicó el magistrado al disponer los procesamientos por «reiterados delitos de desaparición forzada».