La Justicia retoma en 15 días caso de los vinos envenenados

El ex dictador Gregorio «Goyo» Alvarez, el coronel (r) José Nino Gavazzo, el ex presidente de la República Luis Alberto Lacalle y el ex senador Carlos Julio Pereyra, entre otros civiles y funcionarios policiales, comparecerán desde el próximo lunes 9 de marzo ante la Justicia, para declarar en torno al homicidio de Cecilia Fontana de Heber, en 1978.

La jueza penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, retomará la indagatoria ese día con la comparecencia de los periodistas Roger Rodríguez (LA REPUBLICA) y Alvaro Alfonso, cuyas investigaciones revelaron información sustancial sobre el homicidio.

Sin embargo, la declaración de testigos se extenderá a lo largo de toda la semana (hasta el viernes 13 de marzo, inclusive) y contará además con la declaración del senador Luis Alberto Heber, el ex juez de Instrucción Juan Carlos Larrieux, y el ex director de Homicidios, Yamandú Castro, entre otros.

 

«Brindaremos por la Patria»

La muerte de Cecilia Fontana, esposa del dirigente del Partido Nacional Mario Heber y madre del hoy senador Luis Alberto Heber, se produjo tras beber vino envenenado con Fosdrín, un poderoso insecticida de acción fulminante, enviado a su domicilio por un grupo denominado «MDN».

Botellas con vino adulterado también fueron enviadas a otros dirigentes blancos, como Lacalle y Carlos Julio Pereyra, quienes junto a Mario Heber y Dardo Ortiz «lideraban» las gestiones desde filas nacionalistas para encaminar la reapertura democrática.

Las botellas, envueltas en papel azul, llevaban una tarjeta manuscrita que decía: «El jueves 31 (de agosto) al mediodía brindaremos por la Patria en su nueva etapa». Nadie las abrió hasta el 5 de setiembre cuando Cecilia Fontana bebió una copa y murió.

El homicidio fue considerado por las máximas jerarquías de la época, entre ellas el entonces comandante en jefe del Ejército, Gregorio Álvarez, como «un atentado terrorista». Sin embargo, la investigación liderada por el juez de Instrucción Juan Carlos Larrieux se inclinó hacia un acto perpetrado por un «loco».

El magistrado interrogó entonces a Mario Heber, a Pereyra, a Lacalle, al personal doméstico, amigos y familiares, pero «testigos clave» vinculados con la ultraderecha nacionalista nunca fueron citados. Entre otras paradojas del proceso, la investigación policial fue iniciada por la Brigada de Homicidios, pero horas después se derivó la causa hacia la Brigada de Narcóticos, dependencia liderada por Hugo Campos Hermida.

La presencia de Larrieux y del ex director de Homicidios Yamandú Castro, ante la Justicia, procura determinar las causas del trasiego de la investigación hacia la Brigada de Narcóticos.

 

Luchas de poder

El 31 de agosto de 1978 (fecha marcada en las tarjetas) se realizaba una sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en la cual el régimen podía llegar a destituir al presidente de facto Aparicio Méndez y nombrar un triunvirato (un blanco, un colorado y un militar) para un proceso de reapertura.

El régimen dictatorial se encontraba enfrascado en un lucha de poder interno entre el comandante en jefe del Ejército, Gregorio Alvarez, y la logia Tenientes de Artigas, fundada por el general Mario Aguerrondo, candidato presidencial blanco junto a Mario Heber, en 1971.

La fórmula Aguerrondo-Heber había contado con el apoyo de un grupo de derecha ultranacionalista que, con apoyo de la Embajada de EEUU, había editado la publicación «Azul y Blanco». En la dirección de la publicación figuraba un grupo de ultraderechistas vinculados al grupo Tradición, Familia y Propiedad (TFP). En tanto, en la interna militar, el director del SID, general Amaury Prantl, y el jefe del Departamento III del SID, mayor José Nino Gavazzo, editaron la publicación clandestina «El Talero», donde acusaban a Alvarez de «traidor» por hacer contacto con el exiliado Wilson Ferreira Aldunate, según declararon. Ambos fueron sancionados.

Rencillas de poder en el Ejército y la oposición de grupos ultraderechistas a cualquier intento de negociación en procura de la reapertura democrática son dos de las principales hipótesis del homicidio. Las sucesivas investigaciones apuntan a una acción de policias y civiles ultranacionalistas fomentados por la Embajada de EEUU (ver columna). La instrucción de la jueza Merialdo, que se retomará en breve, por tanto, podría dilucidar un crimen impune por más de 30 años.