La intendencia de Maldonado abate la morosidad y regulariza asentamientos

Una de las líneas de acción se lleva adelante mediante un novedoso sistema para la regularización de asentamientos, donde los propietarios de los terrenos negocian el precio con los ocupantes.

Esto ha permitido concretar días pasados un acuerdo para regularizar la situación de los ocupantes del asentamiento San Antonio 5, mientras que está en vías de solución un arreglo similar en La Capoera.

Salaberry dialogó con LA REPUBLICA y explicó los distintos proyectos que se vienen ejecutando en el departamento, así como el grado de avance en cada uno de ellos.

Una de las principales líneas de trabajo es la regularización de diferentes situaciones heredadas de la administración anterior. Cuando asumió la actual gestión encontró, por ejemplo, que había 1.200 viviendas municipales con un 80% de morosidad y más del 50% de ocupación irregular, ya que los habitantes actuales no eran los adjudicatarios originales.

La comuna encaró un plan de regularización, a través de un decreto aprobado por la Junta Departamental. Se fijaron cuotas accesibles, de acuerdo con los ingresos familiares, y se puso en funcionamiento un mecanismo de subsidio a la vivienda. Las cuotas van desde 227 pesos mensuales (con 80% de subsidio municipal) hasta 1.600 pesos las cuotas más altas. «Paga más el que tiene más posibilidades y menos el que tiene menos posibilidades», dijo Salaberry, adoptando una premisa que aplica el gobierno nacional. «Además, se debe tener en cuenta que mucha gente ocupa las viviendas más caras, pero jamás han pagado por ellas», comentó.

 

Asentamientos

Otra línea de acción de la intendencia fernandina es la regularización de asentamientos en tierras privadas. «Nosotros tenemos un déficil habitacional y estamos en el departamento que más crece en número de pobladores; hay proyecciones que estiman que en el año 2015 habrá 25 mil personas más en Maldonado», señaló Salaberry.

«En los asentamientos afincados en tierras privadas, el municipio ha seguido una línea de trabajo, y es que si se logra un acuerdo entre los propietarios y los ocupantes sobre el valor del predio, la intendencia otorga un subsidio a los pobladores y le financia el pago de deudas a los propietarios», explicó.

Este sistema permite abonarle al contado al propietario, descontando las deudas por tributos municipales, pero además posibilita que disminuya el valor del predio. En tanto, los ocupantes firman un acuerdo con la intendencia para el pago de la cuota, de acuerdo a sus posibilidades.

Salaberry comentó ejemplos concretos, como el caso del asentamiento San Antonio 5, con 140 familias, ubicado en una zona intermedia entre el centro de la ciudad y Maldonado Nuevo, donde días pasados se firmó un preacuerdo.

La situación inicial era de un juicio contra los ocupantes, en el que los propietarios pedían 25 mil dólares por el terreno. Tras intensas negociaciones, se firmó un acuerdo por 7.500 dólares; los vecinos se comprometieron a abonar 6 mil y la intendencia subsidia 1.500.

«Ahora no existe la presión de que esas familias pueden terminar en la calle, por lo tanto, en el futuro se pueden encarar obras para mejorar la calidad de vida en el lugar», comentó el jerarca.

Hay otros asentamientos que podrían seguir el mismo camino, siempre que existan las condiciones necesarias, por ejemplo, que se conozcan los dueños de los predios y que éstos tengan disposición para negociar con los ocupantes.

Hay otro tipo de situaciones que se irán resolviendo caso por caso, de acuerdo a las características particulares.

 

Otras soluciones

Salaberry también comentó que se está resolviendo otro tipo de soluciones habitacionales. En ese sentido, existe un preacuerdo con el Banco Hipotecario para canjear la deuda de contribución inmobiliaria que el organismo tiene por las viviendas sin ocupar de todo el departamento, a cambio de soluciones que le interesen a la comuna.

Por medio de este convenio, se podría reactivar el complejo Urbaneste, ubicado en la ruta 39 entre Maldonado y San Carlos. Allí hay 80 viviendas terminadas, sin ocupantes.

Actualmente se están haciendo pruebas técnicas para determinar el estado de la construcción. En este caso, el Ministerio de Vivienda realizaría una financiación con un crédito para compra de vivienda usada, destinada a familias con ingresos entre 12 mil y 30 mil pesos.

Por otro lado, la comuna fernandina está dialogando con la Agencia Nacional de Vivienda, para poder culminar un complejo de viviendas de más de 100 apartamentos en la avenida Alvariza de la ciudad de San Carlos.

Se utilizaría el mecanismo de inversión mixta entre el Estado y el sector privado; se calcula en un millón y medio de dólares el costo para la finalización de las obras. Por otro lado, existen planes entre la comuna y el Ministerio de Vivienda para la construcción de 1.500 viviendas por ayuda mutua en el quinquenio, de las cuales actualmente hay 400 en plena ejecución. El plan total supone una inversión de 17 millones de dólares en cinco años.