Vuelve debate como hace 21 años y 64 días

Fue un 22 de diciembre de 1986. 21 años y 64 días después de que fuera sancionada por el Poder Legislativo, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado volverá el miércoles 25 de febrero a resonar en el ámbito parlamentario y en los discursos de los legisladores, que serán otros, aunque algunos de aquella lejana fecha aún hoy siguen aquí. Declarado por las Naciones Unidas, 1986 fue el «año internacional de la Paz». Hace 21 años, Julio María Sanguinetti era el presidente y el miércoles próximo se pronunciará por la ley que él, entonces titular del gobierno, se encargó de promulgar. Otros que repetirán la escena parlamentaria serán los senadores Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber y Víctor Vaillant, aunque en aquel 21 de diciembre de 1986, Heber y Vaillant eran diputados y quien más cambió fue el segundo de los nombrados, que pasó de tiendas coloradas al Frente Amplio. En 1986, otro mundo nos deslumbraba. Mike Tyson se coronaba como el campeón más joven del boxeo en la Antártica, científicos descubrían el agujero de ozono, la película Pelotón de Oliver Stone arrasaba con todos los premios Oscar y la serie del extraterrestre Alf se estrenaba en la cadena ABC de Estados Unidos. El 22 de diciembre de 1986 la ley fue apresuradamente votada afirmativamente por colorados y blancos en el Senado y en Diputados. Se sustentaron en la teoría de que se intentaba impedir un desacato militar. Algunos aseguraban que el entonces comandante del Ejército, Hugo Medina, había guardado en un cofre una citación judicial para que compareciera el coronel José Nino Gavazzo. La Ley de Caducidad se presentó el 20 de diciembre en la Cámara de Senadores, cuyo proyecto fue presentado por Gonzalo Aguirre, Juan Raúl Ferreira, Guillermo García Costa, Luis Alberto Lacalle, Dardo Ortiz, Uruguay Tourné, Francisco Mario Ubillos y Alberto Zumarán. Al día siguiente, el texto fue llevado a la Cámara de Representantes. En ambas fue aprobada velozmente. Ante la aprobación de la ley, se convocó a un referéndum para derogar los cuatro primeros artículos de la norma.

Durante un año una comisión recabó más de 600 mil firmas (un 25% del padrón electoral) para la plebiscitación que, finalmente, se realizó el 16 de abril de 1989. El 57% de los votantes apoyó el «voto amarillo», que refrendaba la ley, y un 43% respaldó el «voto verde», que procuraba derogarla. Durante los primeros 18 años de vigencia, la norma fue aplicada de modo tal que ningún militar llegó a comparecer ante la justicia penal.

Todos los casos de violaciones a los derechos humanos fueron incluidos en la caducidad, incluso causas anteriores al golpe de Estado de 1973 y casos como los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en 1976, que expresamente habían sido excluidos en la inicial exposición de motivos presentada por el Partido Nacional.