Uruguay y las Safis

Se frenó mala nota de Brasil

El gobierno uruguayo logró dejar sin efecto una nota negativa de la Receita Federal de Brasil en relación al sistema tributario uruguayo y al régimen de constitución de Safis en nuestro país.

Según pudo saber LA REPUBLICA, Brasil se disponía a incluir a Uruguay en una lista de «paraísos fiscales» por la existencia de las Safis, al parecer sin saber que el régimen ya había sido derogado. Durante su reciente visita a Brasil, el canciller Gonzalo Fernández explicó al ministro de Hacienda de ese país Guido Mantega, la nueva legislación en la materia.

A partir de la aprobación de la reforma tributaria, se prohibió en Uruguay la constitución de nuevas Safis y se otorgó un plazo a las ya existentes para transformarse en Sociedades Anónimas comunes, antes del 31 de diciembre de 2010, y adaptarse al régimen general de tributación. Brasil aceptó las explicaciones del canciller uruguayo y accedió a incluir a Uruguay en una categoría menos gravosa para sus intereses: la de los «regímenes especiales en extinción». El canciller Fernández informará hoy al presidente Tabaré Vázquez sobre el resultado de ésta y otras gestiones, en el Consejo de Ministros. Fernández viajó al vecino país en visita preparatoria del encuentro que el 10 de marzo mantendrán, en Brasilia, los presidentes de Brasil y Uruguay. Desde hace años, la Receita Federal brasileña pone bajo la lupa a nuestro país por su supuesta permisividad a hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero y la creación de Safis. En 1999, la Auditoria Interna de la Nación en Uruguay comprobó que se habían creado, durante el año, 4374 contra 2310 sociedades anónimas domésticas. Un año después, el organismo internacional GAFI ­que supervisa los controles nacionales contra el lavado de activos­ calificó a Uruguay como uno de los cinco países que debían ser particularmente monitoreados. El gobierno del Frente Amplio, que asumió en 2005, puso especial énfasis en atender estos requerimientos, tanto externos como internos, al aprobar una nueva legislación y plantear una lucha frontal al lavado de activos.

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