Contactos para iniciar trabajo de campo en Brigada Antiaérea Nº 1

La Justicia y el Poder Ejecutivo iniciaron los contactos para instrumentar un «trabajo de campo» en el predio de la Brigada de Artillería Antiaérea Nº 1, como forma de determinar «la magnitud y el tipo de alteración del suelo», encontrado tras la inspección ocular del predio, realizada por el jefe del Equipo de Antropología Forense de la Udelar, José Luis López Mazz.

«Parece necesario realizar un trabajo de campo (en la unidad militar) para reconocer la magnitud y el tipo de alteración del suelo registrado en el lugar», expresa el informe elaborado por López Mazz y, oportunamente presentado ante el juez Letrado de Pando, Huberto Alvarez.

El magistrado accedió al pedido de la fiscal Silvia Garin e inició contactos «informales» con el Poder Ejecutivo, en procura de concretar el «trabajo de campo» requerido por López Mazz en su informe, de forma de contrastar los indicios de movimientos de tierra, dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El informe reveló indicios de movimientos de tierra en varias zonas de la Brigada de Artillería Antiaérea Nº 1, en consonancia con un croquis anónimo presentado ante la Justicia por el abogado Oscar López Goldaracena, en setiembre de 2008.

El informe indicaría la existencia de «indicios de movimientos de tierra no recientes» en las zonas marcadas por el croquis. Los movimientos de tierra detectados «no serían alteraciones naturales» del suelo y darían la pauta de que las alteraciones no serían efecto de la cañada existente en la zona.

El antropólogo determinó que las zonas marcadas en el croquis «son delimitables» y «no habían sido centro de excavación» en la anterior inspección arqueológica que se realizó en la Brigada. Además, el croquis sería «exacto espacialmente», esto es, los indicadores espaciales son transferibles a la realidad.

Los contactos entre el juez Alvarez y el Poder Ejecutivo procuran determinar los mecanismos para coordinar el acceso a la Brigada de Artillería Nº 1 y realizar el «trabajo de campo». La coordinación se establecería con la Comisión de Seguimiento de la Comisión Para la Paz, dependiente de Presidencia de la República, señalaron las fuentes.

 

Interés por excavaciones

Varios familiares denunciantes en la causa por los traslados clandestinos de 1978 se reunieron, el pasado jueves, con el juez de Pando, Huberto Alvarez, como forma de «actualizar nuestro interés en que se proceda lo más rápido posible con las excavaciones», explicó el abogado Oscar López Goldaracena a LA REPUBLICA.

La intención de los familiares es «despejar la hipótesis y confirmar o no si en ese lugar hubo enterramientos» clandestinos, tal cual lo denuncia un croquis anónimo presentado ante la Justicia por el propio López Goldaracena. La delegación estuvo integrada por Angeles Michelena, Nicolás Goicochea, Graciela Sobrino, Sergio Goicochea, Ignacio Errandonea y el propio abogado.

Los familiares le manifestaron al magistrado, durante la instancia, su «convicción de que cualquier pista (sobre presuntos enterramientos clandestinos) debe ser investigada», por lo cual, ante indicios de movimientos de tierra, «no se deben producir descartes de escritorio, sino que se debe descartar excavando», dijo López Goldaracena.