Reapertura tras largo  proceso

La CIDH le concedió recientemente una prórroga de seis meses al Estado uruguayo para cumplir las «recomendaciones» realizadas por el organismo internacional, en el marco de la causa por el secuestro de María Claudia García de Gelman en Argentina y su posterior traslado clandestino a Uruguay, donde desapareció.

El Estado solicitó la prórroga para «cumplir las recomendaciones solicitadas por la CIDH» y «avanzar en su implementación». Ante ello, el organismo internacional extendió el vencimiento del plazo hasta el próximo 21 de julio.

Esa resolución de la CIDH suspendió la remisión del caso María Claudia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos (OEA), como lo solicitó oportunamente la familia de la joven desaparecida.

La familia Gelman se presentó ante la CIDH en mayo de 2006 al entender que sus derechos eran violados en Uruguay donde la indagatoria judicial sobre lo ocurrido con María Claudia y su eventual lugar de enterramiento clandestino, había sido clausurada en dos oportunidades. La denuncia indicaba que la vigencia de la Ley de Caducidad impedía saber la verdad de lo ocurrido con la joven argentina, desaparecida en Uruguay en 1976.

La interpretación del entonces fiscal Penal de 4º Turno, Enrique Möller, daba cuenta de la imposibilidad de investigar la desaparición de María Claudia puesto que el caso estaba amparado en la Ley de Caducidad. La exclusión expresa del caso de la ley por parte del actual gobierno «ilusionó», pero el fiscal Möller interpuso el instituto de «cosa juzgada» y solicitó un nuevo archivo del proceso.

La familia Gelman se presentó nuevamente ante la Justicia en 2008 y solicitó otra vez la reapertura. El juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, tras el dictamen favorable del fiscal Eduardo Fernández Dovat, accedió al pedido. Varios militares ya comparecieron en la causa y se estima que próximamente una veintena de militares de bajo rango serán citados a declarar.