SCJ consulta al Poder Ejecutivo y al Parlamento sobre caducidad

La Suprema Corte de Justicia puso en conocimiento del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, interpuesto por la fiscal Mirtha Guianze, en el marco del proceso por la muerte de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray en 1974.

La Corte resolvió en acuerdo de ministros «poner en conocimiento de los otros dos poderes del Estado que existía un accionamiento contra la Ley de Caducidad», porque el recurso de la fiscal Guianze «no decía contra quien se accionaba», y se debe accionar «contra el Poder Legislativo, contra el Poder Ejecutivo o contra ambos», explicó el ministro de la SCJ, Jorge Ruibal Pino.

La remisión «es una formalidad». Los procesos de inconstitucionalidad son «procesos contradictorios, por lo cual, implican dos partes por la menos. Al no haberse señalado por la fiscal una contraparte, la SCJ optó por darle un traslado» hacia los otros poderes, porque «son los que pueden tener intención de defende la ley», confirmó el presidente de la Corporación, Jorge Larrieux.

La respuesta de ambos poderes implicará que la Corporación remita el expediente al fiscal de Corte, Rafael Ubiría, para emitir su dictamen.

La postura de la Fiscalía de Corte dará comienzo al trámite en la SCJ, cuando los ministros comiencen a estudiar los argumentos para luego votar. El trámite en la SCJ podría extenderse por unos cinco meses. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad afectaría al caso concreto, pero podría derivar en nuevas acciones para permitir el inicio de procesos contra los militares hoy amparados por la normativa.

La investigación del caso Sabalsagaray solo habilitó el proceso contra civiles.