Caso Gelman: prórroga de 6 meses al Estado uruguayo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió una prórroga de seis meses al Estado uruguayo para cumplir las recomendaciones realizadas por el organismo internacional en la demanda entablada en el caso por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman.

El Estado uruguayo solicitó la prórroga «para cumplir con las recomendaciones solicitadas por la CIDH» y «avanzar en su implementación», por lo cual el organismo internacional resolvió extender el vencimiento del plazo hasta el próximo 21 de julio de 2009.

La resolución, fechada el pasado 15 de enero, por tanto, suspende la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos (OEA), tal cual lo solicitó oportunamente la familia de la joven argentina desaparecida.

El pedido de los representantes de la familia Gelman (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional-Cejil) de elevar el caso ante la Corte, se presentó en el entendido de que no fueron satisfechas las pretensiones de la familia en relación a la búsqueda efectiva de la verdad y la determinación de los responsables del crimen.

El pasado 22 de agosto la CIDH había resuelto en favor de la familia en su denuncia contra el Estado uruguayo, al considerar que la vigencia de la Ley de Caducidad no permite saber la verdad sobre lo ocurrido con María Claudia, desaparecida en Uruguay en 1976.

Esa resolución impuso el artículo 50 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por la cual se estableció recomendaciones para el Estado y un plazo para ser cumplidas.

La actual decisión de la CIDH de conceder una prórroga al Estado uruguayo para responder las recomendaciones efectuadas «tiene aspectos positivos y negativos», consideró el abogado de la familia ante la Justicia uruguaya, José Luis González.

La familia tenía «la esperanza» de que el caso fuera elevado «en este período» ante la Corte, puesto que «las recomendaciones (del máximo órgano jurisdiccional de la OEA) deben ser cumplidas en forma preceptiva, es decir, obligatoria» por los Estados, explicó González.

La «no remisión» del caso ante la Corte Interamericana «es negativa por el avance de los tiempos históricos, sociales e institucionales» en materia de investigación de las violaciones a los derechos humanos, «porque en estos casos el paso del tiempo nos va en contra». «Mientras más tiempo pase es más difícil investigar o dejar sin efecto las normas» que impiden profundizar la investigación, reflexionó el abogado.

Sin embargo, la decisión de la CIDH de prorrogar el vencimiento del plazo, implica que «el Estado uruguayo ha dado respuesta en encaminarse a cumplir las recomendaciones» efectuadas oportunamente, aunque «no sabemos cuáles está dispuesto a cumplir» el Estado, señaló el abogado. Las recomendaciones de la CIDH aún se mantienen en reserva.

El reclamo presentado ante la CIDH en mayo de 2006 por Juan y Macarena Gelman, denunció que sus derechos eran violados por Uruguay donde el Poder Judicial había clausurado dos veces la indagatoria sobre lo ocurrido con María Claudia y su eventual lugar de enterramiento clandestino.