Planteo sobre "quiebre de estado de derecho"

La representación uruguaya de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur deberá renovar su integración y definir qué actitud adoptará ante la denuncia de diputados paraguayos, de que en ese país «se ha quebrado el estado de derecho».

Desde el retiro de los embajadores de Uruguay y Paraguay en ambas capitales de los dos socios menores del Mercosur, la relación entre ambos países ha pasado por momentos de tensión, a lo que las acciones de los parlamentarios no han sido ajenas. Una delegación de diputados uruguayos de visita en Asunción, encabezada por el ex diputado Edison Sedarri, el pasado ano, al recoger denuncias de legisladores oviedistas sobre supuestos maltratos y torturas, provocó la reacción del gobierno asunceno.

Los diputados uruguayos concurrieron a Paraguay a invitación de diputados colorados que previamente habían visitado Montevideo. Ya Uruguay había retirado su embajador en Asunción ante el retiro de la embajadora paraguaya en Montevideo, después que Uruguay se negó a extraditar al ex ministro de Defensa, José Segovia Boltes, acusado en Paraguay de apropiarse de 400 mil dólares de los fondos reservados de esa cartera poco antes de abandonar el país.

Ahora, cuando el presidente electo, Jorge Batlle, confía en la reanudación a pleno de las relaciones diplomáticas, una denuncia de diputados paraguayos puede comprometer a legisladores de Uruguay.

Según comenta la prensa guaraní, parlamentarios identificados con el oviedismo, denunciarán ante la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur que en ese país existe «un quiebre del estado de derecho y una ruptura del ordenamiento constitucional por la supuesta extensión ilegal del mandato del presidente Luis González Macchi».

Los diputados colorados Miguel Corrales y Luis Villamayor, el liberal Waldemar Zárate y el senador colorado Guillermo Sánchez Guffanti solicitarán una reunión urgente de la mesa ejecutiva de la Comisión Permanente y la aplicación de la «cláusula democrática» al gobierno paraguayo y su separación como miembro pleno del Tratado del Mercosur.

El reclamo será presentado al presidente pro tempore de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, actualmente en manos argentinas.

En la nota sostienen que la Corte Suprema, a través de una «extrana resolución», decidió que el mandato provisional de González Macchi debe extenderse hasta el 2003, contrariando la Constitución Nacional, que dispone que tanto el presidente como el vicepresidente de la República deben ser elegidos conjunta y directamente por el pueblo, por mayoría simple de votos, en comicios generales.

Senalan en otro punto que la cláusula democrática del Mercosur exige que los gobiernos de los países miembros de este acuerdo regional sean elegidos democráticamente por la voluntad de sus respectivos electorados. Por este motivo, sostienen que «corresponde plantear el apartamiento del gobierno del Paraguay como miembro pleno del tratado del Mercosur, hasta tanto se produzca la normalización institucional del país».

Además, denuncian que después de los sucesos de marzo de 1999 que culminaron con la renuncia del presidente Raúl Cubas, se instaló «un régimen de facto, claramente autoritario que violó la inmunidad y los derechos humanos de los parlamentarios». Anaden como prueba que los senadores Octavio Gómez, Enrique González Quintana, José Francisco Appleyard y Amado Yambay se encuentran detenidos desde hace once meses, y que al senador suplente, Alejando Velázquez Ugarte, se le impidió asumir la titularidad que le corresponde.

También denuncian que con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, «totalmente sometida al Poder Ejecutivo», se presiona a los magistrados para que acojan denuncias antojadizas y carentes de fundamento para procesar y privar de su libertad a líderes políticos opositores.

La representación uruguaya a la Comisión Parlamentaria del Mercosur estaba compuesta de senadores y diputados y era presidida por el hoy vicepresidente electo, Luis Hierro López. El nuevo parlamento deberá ahora renovar su representación al parlamento regional y considerar qué actitud adoptará ante esta grave denuncia contra el gobierno de uno de los países miembro.