La Ley de Extranjería preocupa a uruguayos residentes en España

El portavoz del Centro Uruguayo en Madrid, Juan Sotelo, reclamó diálogo entre los gobiernos de Uruguay y España para «flexibilizar» la situación de los compatriotas en aquel país, porque las modificaciones que comenzarán a regir para los inmigrantes en los primeros meses de este 2009, «complicarán aún más» el panorama actual.

A fines de noviembre, el ministro de Trabajo e Inmigración de España, Celestino Corbacho, anunció, para el corriente mes de enero, el envío a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para modificar la actual «Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social», conocida popularmente como Ley de Extranjería.

El texto tiene como objetivo perfeccionar el sistema de entrada legal y ordenada de los flujos migratorios, y aumentar la lucha contra la inmigración ilegal, comentó la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.

Sin embargo, el proyecto también contiene un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes infrinjan las normas, ya sean empresarios que empleen a inmigrantes en situación irregular o quienes engañen sobre su situación o las de sus familiares. Hay sanciones leves con multas de 500 euros, graves de 10 mil euros y muy graves de hasta 100 mil euros.

En diálogo con LA REPUBLICA, desde la capital española, Sotelo dijo, a modo de balance, que el año 2008 «ha sido muy complicado, porque vemos que los inmigrantes, en general, y los uruguayos en particular, hemos ido perdiendo poder adquisitivo y hay falta de trabajo, debido a la crisis general».

«Se complica también por la gran cantidad de gente que está en forma irregular, que no puede solucionar sus papeles y cada día ve cómo se cierran las puertas a la hora de poder regularizar su situación».

Sotelo estimó que hay casi 80 mil uruguayos en España, de los cuales alrededor de 15 mil están en situación irregular, aunque otras estimaciones elevan esa cifra a 20 mil. Hay que tener en cuenta que este sector de la población, muchas veces, no accede a ser censado, por temor a ser detectados por las autoridades.

«No hemos logrado que los gobiernos uruguayo y español solucionen el problema de los compatriotas en España a través del diálogo, ya que el Tratado de 1870 ha sido enterrado por parte de las autoridades españolas a través de distintas decisiones judiciales», comentó el portavoz.

«Nosotros vamos a seguir insistiendo para que el gobierno de Tabaré Vázquez aproveche la oportunidad de que acá hay un gobierno afín, como es la administración de Rodríguez Zapatero, tratando de llegar a acuerdos mínimos para que no se siga expulsando uruguayos desde los aeropuertos y no se los siga encarcelando en los centros de internamiento».

«No queremos que esto le pase a los inmigrantes en general, pero, por supuesto nos preocupa, especialmente la situación de los uruguayos. Hay que aprovechar los lazos de amistad entre ambos gobiernos para buscar una solución favorable a los compatriotas», insistió.