Productores lecheros manifestaron respaldo al referéndum

Los representantes de la Asociación Nacional de Productores de Leche se manifestaron su apoyo a la Ley de Urgencia que establece una serie de modificaciones en la estructura de Conaprole y reiteraron su oposición al plebiscito del 18 de febrero.

«Estamos convencidos de que en el siglo XXI no pueden existir cooperativas con directores políticos, puestos por cuota política, cuyos sueldos –que son importantes– son soportados por los productores. Conaprole, con esto da un primer paso hacia la modernización del sistema cooperativo», explicó el vicepresidente de la Asociación, Carlos Arrillaga.

Manifestó que en la actualidad, mientras Conaprole debe «competir con las principales empresas del mundo», la organización tiene «una legislación que fue para hace 50 años atrás».

Arrillaga rechazó el plebiscito del próximo 18 de febrero contra varios artículos de la primera Ley de Urgencia, entre ellos el referido a Conaprole, y sostuvo que dicha norma «le da a Conaprole un viso de transformación, y por eso estamos de acuerdo que sean los propios productores los reales dueños de la cooperativa, que marquen su propio destino, que la dirijan, que la gobiernen y que distribuyan sus utilidades como corresponde a los verdaderos cooperativistas».

Arrillaga realizó estas declaraciones luego de reunirse con el secretario de la Presidencia, Raúl Lago, con quien analizó la situación de los productores lecheros endeudados con el Banco República.

Según comentó el dirigente, Lago se comprometió a dar una respuesta concreta y les aseguró que el Banco República «analizará» todos los casos, fundamentalmente el de los pequeños deudores, es decir quienes deben menos de 50 mil dólares. Arrillaga informó que son menos de mil los deudores al Banco República, e indicó que la deuda con el organismo es de alrededor de 1.400.000 dólares.

«Privatización encubierta»

Por su parte, la Unión Ferroviaria (UF) rechazó ayer las manifestaciones del presidente Jorge Batlle en contra de los impulsores de la consulta popular para habilitar un referéndum contra algunos artículos de la Ley de Urgencia, al tiempo que reclamó inversiones en las empresas públicas y que estas sigan en manos del Estado.

El vicepresidente de la Unión Ferroviaria, Gerardo Fiore, dijo que el gremio seguirá trabajando para convocar a la ciudadanía a las urnas el 18 de febrero, porque la Ley de Urgencia plantea «una privatización encubierta, para dejar que el mercado y los privados marquen el rumbo del país». «Batlle ha manifestado que quienes impulsamos el referéndum somos unos románticos nostalgiosos, que no vemos el futuro del país. Nosotros rechazamos esas afirmaciones y seguiremos insistiendo en que las empresas del Estado deben seguir en manos del Estado», sostuvo Fiore.

«El gobierno quiere pasarle por arriba al pronunciamiento de 1992 sobre las empresas públicas y no quiere decir que va a privatizar para no alertar a la población. Pero la gente debe saber que en la Ley de Urgencia se plantea una privatización encubierta, para dejar que el mercado y los privados marquen el rumbo del país».

«Nosotros queremos que tanto el ferrocarril, como el puerto y otros organismos sigan siendo del Estado, fundamentalmente porque son una fuente de recaudación para el país. En relación al ferrocarril, reclamamos que se hagan las inversiones necesarias para transformarlo en un modelo de transporte eficiente».