Declararán dos jefes militares de la dictadura uruguaya en caso Goulart

Barla informó también que solicitan que cite a declarar, ahora como denunciados, a «Ivo Magalhaes, Claudio Braga y a la periodista Marta Viale».

En tanto que como testigos serán convocados, además de los dos oficiales mencionados, «Maria Thereza Fontenlla, viuda de Goulart, Vicente Goulart, Rui Noe Goulart (nieto del ex presidente), Ruben Rivero hijo, Marta Rivero, Alicia Rivero y Juka Sheppard».

Por su parte, Foch Díaz confirmó a LA REPUBLICA que la denuncia contra «Claudio Braga e Ivo Magalhaes se realiza como «partícipes necesarios en el asesinato de Jango». En tanto a la periodista Viale la acusa de «complicidad y ocultamiento al haber vendido a cómplices de Magalhaes todos los originales de un libro y las grabaciones realizadas con muchos testigos en 1982″.

Desde la muerte de Goulart ocurrida en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, Argentina, el 6 de diciembre de 1976, Foch, que fuera amigo y administrador de algunas propiedades del ex mandatario brasileño, ha sostenido la hipótesis del asesinato de «Jango».

Durante todos estos años promovió diversas investigaciones y realizó diferentes denuncias judiciales. En todas ellas avanzó en su objetivo de probar que «en la muerte de Goulart concurrieron diversos intereses políticos, económicos y familiares que coincidieron con los de las dictaduras de turno en nuestros países».

En medio de esas presentaciones, Foch fue acusado de difamación e injurias por Claudio Braga, administrador del destituido ex presidente, pero finalmente la Justicia decretó el sobreseimiento del acusado a fines del año pasado. Superada esta etapa, se presentó la denuncia contra Braga y Magalhaes por «asociación ilícita, robo y complicidad en el crimen de Goulart».

El general Cirilo y el coronel Meyer, ambos retirados, quienes durante el gobierno militar ocuparon cargos relevantes, uno de ellos en Inteligencia, serán citados como testigos para confirmar que el ingeniero Ivo Magalhaes «era un doble agente al servicio de la dictadura de Brasil». Hasta el golpe de estado de 1964, el denunciado era gobernador de Brasilia, capital del país del Norte. Una vez depuesto junto a Goulart, se exiliaron en Uruguay acompañados por el ex diputado comunista por Pernambuco, Claudio Braga. Ambos se convirtieron en administradores de todos los bienes del fallecido ex presidente. Pero, particularmente, el ingeniero Magalhaes trabó contacto con la dictadura uruguaya y gracias a sus vínculos en Brasil terminó siendo el constructor responsable de la represa de Palmar, definida por el actual senador José Mujica (MPP), como «un monumento de la corrupción», aunque nunca fue investigada.

Ahora Foch Díaz, asegura que varios jefes militares, entre ellos los dos que atestiguarán, le confiaron que «el ingeniero tenía el visto bueno de los militares brasileños y por eso lo aceptaron en Uruguay». Algo que a la luz de los hechos suena sorprendente para un ciudadano que se suponía «exiliado político».

En este contexto también se inscribe un hecho relevante. Foch Díaz tiene en su poder una evidencia concreta que vincularía a Magalhaes con el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

«Esas evidencias las voy a entregar a la doctora Fanny Canessa, jueza de 4º Turno en lo Penal, ante quien formularé la denuncia», dijo Foch a LA REPUBLICA.

Además denunciará la desaparición de valiosos documentos que el piloto Ruben Rivero traía para entregar al juzgado a mediados del año pasado, cuando sufrió un sorprendente infarto y falleció cuando ya estaba a bordo del barco que lo traía a Maldonado. «Todos los testigos han muerto del corazón», dice Foch un ex piloto uruguayo con importantes contactos entre las Fuerzas Armadas. «Nuestras evidencias demuestran que la muerte de Goulart se inscribe dentro del proyecto de eliminación de notorios líderes políticos planteado en el Plan Cóndor. Entre 1976 y 1978 varios de esos líderes chilenos, bolivianos, argentinos, uruguayos, brasileños y paraguayos, fueron cayendo uno tras otro, todos hombres democráticos; todos tenían grandes posibilidades de regresar a sus países para luchar por el retorno de la democracia», dice Foch. A la vez agrega un dato no menor para las investigaciones que realiza la Justicia: «En esos años, el químico Eugenio Berrios trabajaba en el desarrollo del gas sarín cuyo efecto simula, precisamente, un ataque al corazón sin dejar rastros».