Repoblamiento de la campaña:  evalúan inconstitucionalidad

Un grupo de productores rurales presentará luego de la feria judicial un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia sobre el proyecto de ley que obliga a vender tierras a colonos del Instituto Nacional de Colonización. Estos productores están analizando la presentación, además, de recursos de reparación al entender que esta disposición de la Ley de Repoblamiento de la Campaña los está perjudicando. A su vez, el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, del Herrerismo, presentó un proyecto de ley en el Parlamento para revertir esta situación. El legislador entiende que Colonización debe permitir que los productores rurales comercialicen los predios de la manera que deseen. El condicionamiento establecido por el articulado es visto como «muy grave» por el diputado, que entiende que «atenta contra principios básicos» de la Constitución de la República. El texto dota a Colonización de la potestad de adquirir el 20% de la superficie en transacción. Para las gremiales rurales, esto niega el propio acuerdo entre privados, de modo que invertir en tierras resulta «una acción riesgosa, llena de incertidumbre», según apreciaron en 2007, cuando se aprobó el proyecto. El texto presentado por Cardoso propone limitar el alcance de este proyecto de ley, de manera que no queden comprendidas las fracciones que habían sido vendidas originalmente por el Sector Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.

Cardoso explicó a El Espectador los inconvenientes que, a su entender, ocasiona esta ley. «Es una modificación de la ley conocida como repoblamiento de la campaña o ley de colonización del año 2007, que en uno de sus artículos, desde nuestro punto de vista, crea una dificultad tremenda, que está generándose en todo el país porque involucra a predios comprados o adquiridos en propiedad antes del año 1948, es decir, antes de la creación del Instituto de Colonización, los considera como parte de colonización y, por lo tanto, obliga a estos propietarios a vender exclusivamente a colonos. Y eso no solamente pasa dentro de las colonias de colonización, sino que en todo el país. Gente que compró a la cartera rural del Banco Hipotecario del Uruguay hace décadas y décadas que pagaron sus deudas, que han escriturado, que han hecho un uso libre de su propiedad durante muchísimo tiempo, ahora quedan sometidos a vender exclusivamente a colonización porque se los considera que son parte también de esa historia de colonización», afirmó. El diputado herrerista aclaró que entiende conveniente regular la compraventa de tierras, pero apuntó que los predios adquiridos antes de 1948, año en que se creó el Instituto Nacional de Colonización, deben contar con ciertas excepciones. «Esto genera una restricción al derecho de propiedad muy fuerte porque todos aquellos que usaban predios que fueron comprados por esa vía estaban usándolos, los arrendaban, hacían capitalización: hacían uso libre de la tierra, incluso la podían vender a cualquiera. Eso ahora se limitó. Hay en marcha un recurso de inconstitucionalidad, según nosotros sabemos, de productores de distintos puntos del país. La Asociación de Escribanos del Uruguay está muy preocupada por este tema y yo no creo que esta haya sido la intención del gobierno. Me parece muy bien que se quiera regularizar todo el formato jurídico de los predios de colonización, pero estas tierras adquiridas por los propietarios antes del año 48 por otra vía no deberían ser tenidas en cuenta», indicó. Desde el Frente Amplio, el diputado Gustavo Guarino, de Alianza Progresista, dijo que en filas del gobierno se está dispuesto a analizar el proyecto de Cardoso, pero defendió las disposiciones vigentes.