Satisfacción entre defensores  de las víctimas de la represión

La abogada, querellante en la causa contra el dictador Juan María Bordaberry, manifestó estar de acuerdo con el proyecto de ley de reparación, por el cual, tal como publicara ayer LA REPUBLICA, el Estado se identifica como el único responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad y dispone la reparación a las víctimas.

«Ya era hora, después de 23 años, de que se reconociera que hubo delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, que no es lo mismo que los cometidos por una guerrilla o seres humanos que atentan contra las leyes», dijo a este diario la doctora Hebe Martínez Burlé.

Agregó que el peor delito «es el que comete el propio Estado, el peor terrorismo es el que comete el propio Estado amparado en las leyes y amparado en todo el poder de las Fuerzas Armadas».

Martínez Burlé señaló que lo que más la «emocionó» fue «que se tomara como día histórico de la memoria, el día de la masacre de los indios en nuestro país, el famoso Salsipuedes». El proyecto establecerá el 11 de abril como «día nacional de la memoria», fecha en la que el general Fructuoso Rivera habría llevado a cabo la masacre de indígenas en Salsipuedes. «Elegir justamente esa fecha es muy importante, porque es una fecha de masacre, de terrorismo de Estado, y que también encierra el terrorismo de Estado que desgraciadamente sufrimos después», manifestó la abogada.

El abogado Oscar López Goldaracena, por su parte, indicó que el proyecto de ley del cual diera cuenta LA REPUBLICA ayer, es el proyecto presentado por Crysol en julio de 2007, del cual es autor.

El Poder Ejecutivo «aún no se había expedido», pero la información indica que «no contendría todos los elementos del proyecto general» presentado.

«Lo que hay que dejar en claro es que, si deja fuera a un universo de víctimas o si no se da una reparación integral acorde a los estándares internacionales, no se puede hablar de un proyecto de reparación integral», dijo López Goldaracena. El abogado recalcó que la reparación de las víctimas «no es una dádiva» que se brinda, puesto que el Estado «tiene el deber jurídico» de satisfacer los derechos violentados de la sociedad.

«El Estado como Estado, independiente del gobierno» que lo represente, expresó López Goldaracena.

El presidente de Crysol, Waldemar Tarocco, dijo que les parece «muy bueno» que el Estado pida perdón como responsable de los crímenes cometidos durante el período de facto, pero consideró que el proyecto presentado por Crysol abarca también otros reclamos.

Entre otros temas, ese proyecto establece que «lugares emblemáticos de la represión», como el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y el Penal de Punta de Rieles, pasen a ser locales de organizaciones en defensa de los derechos humanos u organizaciones barriales. De todas formas, señaló que Crysol todavía no tuvo contacto con el proyecto de ley a estudio del Poder Ejecutivo.

López Goldaracena señaló que su aspiración es que la norma sea aprobada por todos los partidos políticos, como lo fue la ley 18.026, contra el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, a la vez que aspira «a que todos los actores apuntalen el nunca más», a través de la anulación de la Ley de Caducidad.