Fallo judicial: Sólo la empresa autoriza las entradas y salidas

El juez consideró que la demostración de protesta de los trabajadores del Frigorífico Canelones era ilegal, en la medida en que estos realizaban un piquete que impedía el ingreso de personal y de mercaderías a la planta industrial.

Por sus características, el fallo es sumamente importante, no sólo porque se trata de la primera decisión judicial que condena expresamente este tipo de práctica ­y que siente jurisprudencia­, sino porque también representa un alivio para el sector empresarial. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, sostuvo por su parte, que el fallo se alinea con lo que él ya había manifestado en el Parlamento y que se relaciona con las diferencias que advierte entre el ejercicio de la actividad sindical y la libertad de circulación de personas y bienes. Burella sostuvo en su sentencia que, «la entrada y salida de personas y vehículos de carga a la planta del Frigorífico Canelones, es totalmente libre», y precisó que las decisiones para que eso se haga efectivo dependen «únicamente» de «los representantes de la empresa». En otras palabras eso quiere decir que los integrantes del sindicato están obligados a aceptar esa decisión e impedidos por lo tanto de «adoptar cualquier medida que entorpezca o pueda entorpecer el libre acceso de camiones al predio en que se encuentra el establecimiento industrial».

 

Movilización sindical

Las demostraciones de protesta en el Frigorífico Canelones se iniciaron el ocho de diciembre. De acuerdo a los datos relevados en aquel momento, el establecimiento cuenta con una plantilla de unos 700 trabajadores, de los cuales alrededor de 60 iniciaron un bloqueo que afectó la movilización de mercaderías y funcionarios. La situación determinó que los directivos de la planta presentaran una denuncia policial y que la Justicia interviniera en el caso. El magistrado escuchó a las dos partes el 15 de diciembre, y al día siguiente tomó su decisión. El fallo fue acatado inmediatamente y en forma pacífica por los operarios, quienes inmediatamente levantaron la protesta e iniciaron una ronda de negociaciones con los empresarios. «No se puede impedir el ingreso o salida de camiones» de una planta industrial o empresarial, estimó el ministro Bonomi, para quien «cuando sucede eso es un problema de orden público y en esa línea es lo que resolvió el juez». Precisamente, días pasados, el ministro había dicho a LA REPUBLICA que uno de los mayores desafíos que tiene la cartera a su cargo «se encuentra en el debate y la segura aprobación de las leyes de negociación colectiva para los sectores público y privado, que ya se encuentran a estudio del Parlamento». Para Bonomi, el nuevo sistema de negociación colectiva «implicará un cambio en la costumbre de negociación que existe en el Uruguay, y por eso pensamos que no será fácil su instrumentación», en particular, porque «la negociación bipartita, por empresa, será uno de los factores más complejos de aceitar».