Con presupuesto acotado, se echa a andar en Uruguay la Justicia antimafia

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) invistió el pasado miércoles a los jueces Jorge Díaz y Graciela Gatti como titulares de los Juzgados Letrados en Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, creados por la Rendición de Cuentas y cuya actividad se desarrollará desde el próximo 1º de enero de 2009.

La ceremonia celebrada sobre primeras horas del día, contó con la participación del prosecretario de la Presidencia y presidente de la JND, Jorge Vázquez, del director de la JND, Milton Romani, y del titular de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, así como de los próximos dos fiscales de Crimen Organizado, Ricardo Perciballe y Mónica Ferrero.

«Sí, juro», expresaron Gatti y Díaz tras las palabras del presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, invistiéndolos formalmente en sus cargos. El acto meramente protocolar culminó con la firma del acta por los dos jueces y por los cinco ministros del máximo órgano del Poder Judicial. Los dos magistrados ya eran los nuevos jueces especializados en Crimen Organizado, ante el aplauso cerrado de los presentes.

La Corte definió, en este sentido, que la jueza Gatti sea la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia Especializado en Crimen Organizado de 1er. Turno, al tiempo que Díaz instruirá en el Juzgado de 2º Turno.

 

Presencia gubernamental

El prosecretario Vázquez explicó, al culminar la ceremonia, que la designación de los jueces especializados en Crimen Organizado «es la culminación de una larga trayectoria de trabajo entre la JND y el Poder Judicial», la cual «permitirá centralizar todos los delitos complejos, que hoy día son instruidos en distintos juzgados del país».

La centralización de la indagatoria permitirá «tener mayor información y trabajar más a fondo en temas muy complejos con conexiones a nivel nacional e internacional», porque «el crimen organizado funciona en la mayoría de los países, por no decir en todos», señaló Vázquez.

El jerarca consideró además que la reciente remisión de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo por el cual «se complementa la ley aprobada en 2004″, con la creación de «nuevas figuras» delictivas, «es un avance bien importante» para el país. «El Uruguay se está posicionando a nivel internacional como uno de los países más avanzados en este sentido», indicó Vázquez.

«La gente vinculada a estos delitos tienen un poder adquisitivo importante, vinculaciones a nivel nacional e internacional y un poder de corrupción muy importante. El país ha hecho un avance importante, especializándose en estos temas, siendo cada vez más efectivo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos», señaló.

En tanto, el secretario antilavado, Gil Iribarne, dijo estar «convencido de que en Uruguay se lava dinero en varios sectores». El 90% de los procesamientos por lavado de activos fueron de delitos «provenientes del narcotráfico, hubo procesamientos recientes por dinero proveniente del tráfico de personas y proxenetismo, pero estoy convencido de que en Uruguay se lava plata de otros sectores, como del contrabando y de la corrupción», dijo Gil Iribarne.

El lavado de activos, sin embargo, «no es un delito actual, porque el país en su larga historia ha tenido etapas donde haberse postulado como plaza financiera libre, decirle a los capitales ‘vengan tranquilos que no les vamos a preguntar nada’, implicaba que vinieran capitales muy sanos y de los otros», señaló. El jerarca explicó que la intención del gobierno es dotar a los juzgados «de un local adecuado que sea común con las fiscalías como forma de obtener una mayor eficiencia». «La JND está buscando aportar el local en base a los fondos provenientes de bienes decomisados, pero tanto la búsqueda como la adquisición lleva su tiempo», pero se confía que «durante el primer trimestre del año» el inmueble esté adquirido, dijo Gil.

LA REPUBLICA pudo saber que las autoridades tienen «en vista» dos o tres inmuebles ubicados en la zona de Parque Batlle y Prado, pero la intención es instalar los juzgados en el Centro de Montevideo, «no en la Ciudad Vieja».