Balance legislativo desmiente la aplicación de aplanadora de votos

Se termina el año y porfiadamente el calendario nos empuja a hacer un balance sobre lo hecho a lo largo de este 2008.

El Parlamento no está ajeno a la pausa que sobreviene a la hora de revisar su gestión pero que, al hacerlo, inmediatamente podría darse por hartamente satisfecho. Un minucioso y objetivo informe realizado por el diputado del MPP Uberfil Hernández, que obra en poder de todos los legisladores y al que desde una computadora cualquier mortal podría acceder, dice que a 46 meses del actual gobierno no hay antecedentes -comparativamente hablando- con las anteriores administraciones en cuanto al volumen de proyectos de ley aprobados. Todo en idéntico período de gestión parlamentaria. Habría que remontarse hasta los años de la presidencia de Luis Batlle para, quizá, llegar a equipararse en cuanto a la cantidad de leyes sancionadas. Sin embargo, entre los años 1947 y 1951, período de gobierno de Batlle, se promulgaron 755 proyectos en total y 578 son los que van en el actual gobierno. Es decir, a la izquierda le queda algo más de un año aún por recorrer y 177 proyectos de ley más para, ahí sí, igualar a los sancionados en los cinco años de la administración de Luis Batlle. Con los antecedentes de los últimos tres años, no es aventurero asegurar que la actual legislatura romperá con todos los indicadores de productividad conocidos desde 1943 a la fecha e incluso desde más atrás en el tiempo. Es decir que desde hace 65 años, incluido el punto muerto que la dictadura impuso a la fuerza en materia de democracia, el país no ha conocido una cantidad tan alta de leyes sancionadas por parlamento alguno. Este período de gobierno parlamentario también ha sido singular en cuanto a su conformación. La supremacía numérica que las urnas le han concedido a un partido político no registra antecedentes en la vida política del país. Este fenómeno, que determinó una bancada de 52 diputados en 99 y de 17 senadores en 33, todos de un mismo signo político, ha sido frecuentemente señalado desde la actual oposición y en los debates más o menos apasionados como un sinónimo de «aplanadora» parlamentaria o de «malón arrollador» frenteamplista. Sin embargo, la imagen de bulldozer mecánico de las bancadas de izquierda de ambas cámaras no se condice con la realidad. A la fecha, el Poder Legislativo ha visto emerger la misma cantidad de leyes de origen opositor como del oficialismo. A 46 meses de gestión, 68 proyectos de ley emanaron de los escritorios de los partidos de la oposición y 68 de los anaqueles de la izquierda. Hubo, a su vez, 380 iniciativas del Poder Ejecutivo y 62 proyectos presentados en forma conjunta por el oficialismo y la oposición. Esta suerte de redoblona numérica también quiebra todos los códigos anteriores. Desde el retorno a la democracia al año 2005, hubo siempre una supremacía numérica de proyectos aprobados cuyo origen correspondía a los parlamentarios del mismo signo político del circunstancial presidente. En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1989), el entonces oficialismo del Partido Colorado sancionó 70 proyectos de su cuña. La oposición de la época, sólo 10. En la administración de Luis Alberto Lacalle (1990-1994), 69 leyes provinieron de la bancada del Partido Nacional y 17 de la oposición. En el segundo gobierno de Sanguinetti (1995-1999), la oposición redujo su incidencia llegando sólo a 9 proyectos suyos sancionados en los primeros 46 meses de la legislatura contra 106 del oficialismo. En la pasada administración de Jorge Batlle (2000-2004), los legisladores del Partido Colorado dieron trámite a 101 proyectos de su cuña mientras que la oposición logró que se sancionaran 32 proyectos suyos. Si bien en este último caso de gobierno el llamado oficialismo lo conformaba la coalición con el Partido Nacional, el informe se encarga ­no obstante- de dejar en claro que cuando se habla de «oposición» se alude al Frente Amplio, al Partido Nacional y al Independiente. Siempre desde el retorno a la senda democrática hasta estos días la iniciativa de los proyectos de ley la ha tenido -y en forma por demás notoria- el Poder Ejecutivo, dejando al Legislativo el papel de rubricador de las normas. Los parlamentarios han sido desde hace 33 años los que han procedido a zurcir los proyectos de ley que les remite presidencia y los ministerios. Sanguinetti, en su condición de titular del Poder Ejecutivo entre los años 1985 y 1989, remitió en su primera presidencia 176 proyectos, Luis Lacalle 246, Sanguinetti de nuevo 245, Jorge Batlle 327 y en lo que va del actual gobierno, Vázquez envió 380 iniciativas legislativas. En los mismos períodos de gobierno, 95 proyectos nacieron entre los despachos de todos los parlamentarios, luego 109, seguidamente 139, más tarde 172 y en lo que va del actual gobierno, los legisladores de todas las bancadas han redactado 198 proyectos de ley. Ahora, también es cierto que no todas las iniciativas en el actual período de gobierno han sido ya aprobadas. Muchas de ellas están en la etapa de debate, de estudio en comisiones o, las que han corrido con peor suerte, duermen en algún archivador. Del total de los proyectos remitidos por el actual Poder Ejecutivo al Poder Legislativo entre los años 2005 y 2008, 374 de ellos (el 74%) ya han sido aprobados y 133 (26%) aún están en el horno. De las leyes cuya paternidad corresponde a los legisladores del Frente Amplio, 66 (34%) ya fueron sancionadas y 126 (65%) permanecen aún en el Parlamento. Del total de los proyectos cuya iniciativa es compartida entre los legisladores oficialistas y de la oposición, 60 (55%) se sancionaron y 49 (45%) están aún pendientes. Sumados todos los orígenes de las leyes, o sea Poder Ejecutivo, bancada del Frente Amplio e iniciativa conjunta de la izquierda y de la oposición, el actual Parlamento aprobó el 62% del total y está en el debe con el 44% de ellas.

 

Contenido

Los números son más fríos que las palabras y éstas, más que el pensamiento. La productividad sin antecedentes lograda en esta legislatura se obnubila si de las leyes aprobadas no se las pasa por el tamiz de la calidad y se decanta el contenido de las mismas. Es decir, las 380 leyes remitidas por el Poder Ejecutivo al Parlamento no serían vistas en su verdadera dimensión si no se desentrañara su contenido. No es lo mismo o no tiene la misma repercusión social y política una ley que revoluciona todo el sistema fiscal o la estructura electoral del país o hace caducar la pretensión punitiva del Estado en determinados delitos y en cierto período de tiempo, que un proyecto por el cual se le pone nombre de una personalidad pública a un edificio del Estado. La incidencia en el entramado social es incomparable y es impertinente al menor análisis. Ambas son leyes pero las dos tienen un abismal peso gravitacional. Por eso, el material de balance parlamentario (ver recuadro) también se detiene en ese aspecto; en el de calificar por su peso político las leyes sancionadas y siempre en comparación con las anteriores administraciones. Quizá sin proponérselo, el material, que peca de puntilloso, arroja un dato que sirve de estribo para un posterior análisis político. El actual gobierno ha tenido una notoria supremacía de proyectos de ley cuyo contenido es por sobre todas las cosas de corte social y humanitario. Si bien la iniciativa de esta administración de reformar el sistema fiscal y tributario con la creación del Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas (IRPF) será acaso una de las acciones de las más recordadas (y a recordar) por propios y ajenos, las iniciativas del actual Poder Ejecutivo con contenido económico o fiscal son de las menos que se registran desde el retorno a la democracia hasta estos días. Cuarenta y tres ha habido en estos 46 meses de gestión. Cincuenta leyes hubo en ese sentido en la primera presidencia de Sanguinetti, 52 en la del entonces gobierno nacionalista, 28 en el segundo mandato de Sanguinetti y 46 leyes de contenido fiscal o financiero en el anterior gobierno de Jorge Bat
lle, crisis del año 2002 de por medio.