Jaque mate a lavado de activos

El combate al narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el contrabando, el tráfico de personas y de armamento y el lavado de fondos proveniente de estas actividades ilícitas ha sido una de las grandes prioridades del gobierno.

Con las leyes existentes, se ha logrado desarticular organizaciones delictivas cuya finalidad última era el lavado de dinero proveniente de este tipo de actividades. Desde el comienzo de la presente administración se han registrado cerca de 25 procesamientos por lavado de dinero, en su gran mayoría proveniente del narcotráfico, pero también por proxenetismo. De todas maneras, la intención del gobierno es ampliar la normativa vigente a través de un extenso proyecto de ley compuesto por una docena de artículos. La iniciativa dispone que están sujetos a la obligación de informar al BCU, operaciones sospechosas dentro de su actividad, «los casinos, inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, los escribanos, rematadores, personas físicas y jurídicas o dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas, los exportadores de zonas francas y las personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen o administren en forma habitual sociedades comerciales». Se agregan a la lista de delitos graves existentes, los siguientes: «crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, financiación del terrorismo, estafa, apropiación indebida, delitos de corrupción, quiebra, insolvencia fraudulenta y societaria fraudulenta, delitos cometidos por los administradores de las sociedades anónimas durante el ejercicio de sus funciones, delitos contra la propiedad intelectual, las conductas delictivas previstas en el Protocolo de Convención de los Derechos y del Niño sobre violencia, la falsificación y la alteración de monedas».