El "Goyo" desestimó al defensor de oficio y contrató un abogado

El proceso judicial por la muerte del militante tupamaro Roberto Luzardo, el 12 de junio de 1973, por presunta «omisión de asistencia» en las instalaciones del Hospital Militar, tenía ayer una instancia considerada «clave» por la familia de la víctima: Gregorio «Goyo» Alvarez declaraba como «indagado», por primera vez en la causa.

El juez Penal de 1er Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Adriana Costa lo habían citado para interrogarlo por la muerte del ex militante tupamaro, pero al arribar a la sede lo intimaron a designar abogado. Alvarez rechazó la designación de un defensor de oficio y optó por un defensor particular. La responsabilidad recayó en el abogado Carlos Curbelo Tammaro, representante de Alvarez en otras causas por violaciones a los derechos humanos.

El magistrado dispuso, por tanto, brindar un plazo razonable al abogado para estudiar el expediente judicial por la muerte de Luzardo y fijó nueva audiencia. Gregorio Alvarez deberá comparecer nuevamente ante la Justicia el próximo lunes 19 de enero, durante el desarrollo de la Feria Judicial Mayor.

Ese día no sólo se le tomará declaración indagatoria al ex dictador, sino que incluso podría ser sometido a sucesivos careos con familiares de Luzardo. La Justicia no descarta poner «frente a frente» ese día a Gregorio Alvarez y los familiares del militante tupamaro, quienes realizaron gestiones para que fuera atendido en el exterior. La familia recibió entonces como respuesta una carta, la cual fue firmada por Alvarez y está incluida en el expediente.

Asimismo, el dictador podría mantener un careo con Beatriz Luzardo, quien asegura que Alvarez y otros jerarcas militares visitaron a su hermano mientras agonizaba en el Hospital Militar, fruto de las heridas sufridas antes de su detención. La visita aconteció días antes de la muerte de Roberto Luzardo.

Roberto Luzardo recibió una importante herida de bala en la médula durante un violento procedimiento en el «Bar Asturias», en el cual fue detenido junto a los también militantes del MLN-T, Henry Engler y Fernando Piedecasas, en agosto de 1972.

La gravedad de las heridas implicó su derivación al Hospital Militar donde no fue asistido debidamente por los médicos del nosocomio. Luzardo era acusado de participar en el operativo en el cual se ajustició al coronel Artigas Alvarez, hermano del «Goyo», el 25 de junio de 1972. Luzardo falleció en la Sala 8 del nosocomio castrense.

 

Omisión de asistencia

Los hermanos del militante tupamaro aguardaron desde las primeras horas de la mañana la llegada del dictador Gregorio «Goyo» Alvarez a la sede judicial de la calle Misiones. El móvil policial que transportaba a Alvarez, proveniente de la Unidad Penitenciaria Nº 8 («Cárcel para Militares»), arribó sobre las 10.30. Esposado y con chaleco, el ex dictador ingresó al Juzgado.

Néstor Luzardo consideró, en un breve diálogo con la prensa, que el testimonio de Alvarez ante la Justicia «es la parte medular del caso», puesto que «tenemos muchos elementos, múltiples datos para adjudicarle la muerte de mi hermano», Roberto Luzardo.

La «clave» del caso es la muerte del coronel Artigas Alvarez, hermano del dictador y entonces jefe del Esmaco. «De la tortura dantesca que hacían en los cuarteles, surge el nombre de mi hermano (como partícipe de la muerte de Artigas Alvarez) y a partir de ese momento mi hermano es un condenado a muerte». «Fue dejado morir, es decir le retiran toda atención médica», dijo Luzardo.

El proceso judicial por la muerte del militante tupamaro lo sustancia el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), pero intervienen en representación de familiares de la víctima los abogados Oscar López Goldaracena y Héctor Di Giácomo.

 

CON ABOGADO

El doctor Carlos Curbelo Tammaro representó a Gregorio Alvarez durante el proceso desarrollado en torno a los traslados clandestinos de 1978, causa en la cual el ex dictador fue procesado por desaparición forzada, aunque después un Tribunal de Apelaciones revocó la imputación y tipificó «homicidio muy especialmente agravado».

Curbelo Tammaro y Pablo Montano renunciaron a la defensa de Alvarez tras sustanciarse el procesamiento. «Motiva esta renuncia el trámite que se está dando a estos procedimientos, que ha determinado la inexistencia del marco normativo legal y constitucional que ampara los principios del debido proceso legal y las garantías para la defensa de cualquier justiciable», afirmaron los abogados.

«La proyección histórica que ha de tener este proceso obliga a los comparecientes a actuar de esta manera, evitando cohonestar una actividad jurisdiccional viciada de nulidad y sin garantías, como la que se está llevando a cabo», agregaron entonces.