TC observó contratación de abogado en la IMC

Canelones

El Tribunal de Cuentas (TC) observó la contratación por parte del municipio canario de un reconocido abogado que se desempeña en el «proyecto de gestión de cobro de morosidad» y cobrará 25 mil pesos mensuales durante tres años. Según el informe del órgano de contralor, la comuna carece de rubros para cubrir ese gasto.

En una resolución emitida en los últimos días, el TC señala que el pasado 29 de noviembre el director de Hacienda del gobierno municipal de Canelones, Ricardo Yelpo, envió al intendente Tabaré Hackenbruch un «análisis de morosidad de tributos municipales, en especial referido a contribución inmobiliaria urbana y suburbana del departamento».

El jerarca sostiene que «se puede constatar la alta morosidad que compromete seriamente las finanzas de la administración, con términos de prescripción y/o caducidad en curso, requiriéndose urgentes y decisivas medidas que reviertan la situación», destacando que existe una morosidad económica «del 47.37% entre las zonas balnearias y no balnearias».

Señala que el denominado «proyecto de gestión de cobro de morosidad» requiere «determinados recursos humanos profesionales especializados con los cuales el municipio no cuenta para ejecutar eficazmente el proyecto referido». Por ese motivo, Yelpo elevó «antecedentes del Estudio Jurídico Galante & Martins y currículum del doctor Juan Alberto Benítez Gómez, de notoria competencia y experiencia en la materia».

«Se trata de la revisión de los procesos y prácticas de gestión y procedimientos administrativos internos de manera de hacer más eficiente y racional el cobro de adeudos», indica el director de Hacienda en su informe, y resalta que «debido a la urgencia de encontrar soluciones en el corto plazo se procura buscar respuestas para la mejora de la recaudación y abatir costo».

 

Sin dinero

Según el Tribunal, Hackenbruch aprobó el proyecto de Yelpo y resolvió contratar a Benítez «en régimen de arrendamiento de obra por un plazo de tres años», en los que cobrará 25 mil pesos mensuales más IVA por mes. En tanto, el Estudio Galante & Martins Abogados fue contratado por dos años y «percibirá como única remuneración las sumas que por concepto de costos e impuestos es condenado el sujeto pasivo».

El órgano estatal considera que «la falta de disponibilidad en el rubro para cubrir el gasto emergente de la contratación del doctor Benítez para el ejercicio 2000 es violatorio de lo dispuesto en el artículo 15 del Tocaf», mientras que asegura que el contrato firmado con el citado estudio jurídico «no genera gastos para la administración municipal».

Tras estas puntualizaciones, el TC resolvió «observar» el gasto por concepto de la contratación de Benítez para el ejercicio 2001 y «cometer al contador delegado la intervención» del referido gasto, que en los tres años alcanzará los 900 mil pesos.