Ley de Educación sancionada sin el voto de la oposición y del PCU

Entrado fuera de hora, el proyecto de ley de Educación proveniente de la respectiva Comisión recibió inmediatamente la catalogación de urgente, y pasó a ser tratado como único punto del orden del día.

Contra lo que es habitual, se brindó primero el informe en minoría. Margarita Percovich comenzó su informe admitiendo que habría sido preferible disponer de más tiempo para tratar el tema en Comisión, pero que, de todos modos, el proyecto era bueno y podría ser modificado más adelante. Lamentó que no se hubieran logrado acuerdos interpartidarios, y pasó luego a comentar el contenido de la extensa norma (ver recuadro), exhortando a sus pares a votarla afirmativamente.

Luego fue el turno de Penadés para ofrecer el informe en mayoría. El temible tribuno herrerista abrió el fuego opositor con artillería demoledora, y planteó prácticamente todos los argumentos contra la ley de Educación que después serían reiterados o profundizados por otras voces opositoras. Con esa voz vehemente que amenaza derivar en la disfonía, don Gustavo fustigó tanto la filosofía que inspiró el proyecto como las disposiciones contenidas, al tiempo que cuestionó duramente el proceso de elaboración de la norma. «Creo en la democracia representativa, en el Estado de Derecho y en los partidos políticos como único instrumento válido», sentenció Penadés, para afirmar luego: «hay otros que no creen en ella, que creen en la democracia participativa a través de las asambleas populares».

El proyecto tuvo un tratamiento de cuatro días en cada Cámara, un tiempo absurdamente exiguo para una ley de esa envergadura. Reconoció que hay responsabilidad compartida en la imposibilidad de dialogar para lograr acuerdos que permitan consolidar políticas de Estado, pero recordó que, en 1985, hubo unanimidad para aprobar la actual ley de Educación, y acusó al gobierno de no cumplir los acuerdos firmados en febrero de 2005. Asimismo, reprochó al gobierno haber menospreciado a los partidos luego de convocar al debate educativo y de haber priorizado el corporativismo, y se burló de la participación de la sociedad en ese debate, que no llegó al uno por ciento. Concluyó anunciando: «Con profunda pena votamos en contra».

Le siguió su correligionario (de partido aunque no de sector) Ruperto Long, quien señaló el hecho de que durante 16 meses se realizaron asambleas para recoger los puntos de vista sobre el tema; luego el MEC trabajó durante un año en solitario, sin consultar a nadie; después el Frente dedicó seis meses al debate interno sobre el asunto; y finalmente, la Comisión del Senado dedicó 18 minutos al tratamiento del proyecto: toda una desproporción. Señaló, con firmeza pero respetuosamente, que el proyecto no cuenta con el visto bueno de los gremios de la enseñanza ni de la Universidad.

En cuanto al contenido de la ley, don Ruperto cuestionó la proliferación de organismos contemplados en la ley, entre los ya existentes y los que se crean; la excesiva burocracia; las dificultades de coordinación; la superposición de funciones, etcétera. Consideró correcto dar participación a los docentes en el gobierno de la Enseñanza, pero sin que ello sea a expensas de los representantes del sistema político, y concluyó haciendo suyas las palabras del maestro Soler respecto del proyecto: «No, así no». Sanguinetti, por su parte, expresó que los problemas de la educación no se resuelven con una gran ley sino con pequeñas reformas, y que todo el debate frustrante se centra en determinar quién tiene el poder. De ese modo, sostiene, «el país está desertando del verdadero debate».

Con su enjuta figura de héroe romántico, Eduardo Lorier empezó su intervención fustigando las políticas educativas diseñadas por blancos y colorados, recordó la Ley de Educación General del gobierno de Bordaberry (cuyo autor fue Sanguinetti, ministro de Educación), afirmó que la derecha siempre fue contraria a la participación. Luego enumeró los postulados tradicionales del FA en la materia y afirmó que, a su juicio, se había abandonado la consigna de autonomía y cogobierno y que había una excesiva injerencia del MEC. «Con la mayor de las tristezas, no vamos a acompañar este proyecto», concluyó Lorier.

Sobre el final de la sesión, se produjo el desalojo de las barras, con incidentes entre los presentes (ver recuadro). Una mujer policía fue agredida.

A raíz de estos hechos, el presidente del Senado Rodolfo Nin Novoa presentó una denuncia.