Fallo a favor de reclusos
El juez de lo Contencioso Administrativo de 3º Turno, Pablo Eguren, hizo lugar ayer a la demanda establecida por los reclusos del Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez contra el Ministerio del Interior y conminó a esa secretaría de Estado a incrementar el número de plazas fijas por trabajo remunerado en ese centro de reclusión.
La sentencia del juez Eguren establece «el aumento de los peculios», los cuales deberán oscilar «entre mil y dos mil plazas», así como algunas acciones para modificar el decreto 225/2006, explicó el abogado de Ielsur, Diego Camaño, a LA REPUBLICA. El juez Eguren estableció «dar prioridad para analfabetos y reclusos jóvenes», indicó.
Asimismo, el magistrado dispuso crear una comisión de seguimiento del plan «Sembrando», presentado ayer por el MIN, la realización de un censo carcelario y «la aplicación de la propuesta en todo el país, no sólo en el Comcar», dijo Camaño. La comisión de seguimiento será presidida por el comisionado para el Sistema Penitenciario, Alvaro Garcé.
Además, «se deben resolver con carácter urgente las 155 solicitudes laborales no resueltas» y «proporcionarle cédula de identidad a todos los reclusos». «El MIN expresamente consintió la sentencia» del juez Eguren, señaló el abogado.
La sentencia del magistrado «es una buena base para generar más planes educativos y laborales y mejorar las condiciones de vida» de los reclusos del Comcar, dijo Camaño. Los reclusos también están «conformes pero con la expectativa de que esto se pueda concretar en el menor tiempo posible», agregó el abogado.
El director Nacional de Cárceles, Jorge Szasz, por su parte, consideró que en los últimos años ha existido «un avance sostenido» en la cantidad de reclusos que estudian y trabajan, pero «el hacinamiento limita las capacidades de la administración» para instrumentar los proyectos.
El proceso de instrumentación de medidas y actividades tendientes al acceso de las personas privadas de libertad al trabajo y al estudio, sin embargo, «nunca estará terminado», porque «es posible la mejora de la gestión». «Las personas privadas de libertad deben contribuir a su proceso de reinserción» social, dijo Szasz.
El proyecto «Sembrando» se comenzará a instrumentar en la segunda semana de enero de 2009 y prevé satisfacer el 70% de la demanda de plazas de estudio y trabajo.
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