La mayoría del Frente evitó una derrota de la Ley de Educación

Tras doce horas de extenuante debate, se aprobó en general el proyecto por 50 votos en 69 diputados presentes en sala. En el Frente Amplio, los diputados Darío Pérez y Alicia Pintos lo hicieron en contra. La iniciativa contó, además, con la oposición de blancos y colorados, así como de algunos sectores de los gremios de la educación. El Nuevo Espacio pidió «mandato imperativo» para la bancada. Hubo disturbios, golpes y forcejeos de estudiantes que quisieron ingresar al Palacio. El proyecto pasó ahora al Senado.

El entorno de ayer del Palacio Legislativo con manifestaciones, piquetes y cubiertas incendiadas, no prometía la mejor de las jornadas parlamentarias. Encima el día plomizo, lluvioso y húmedo que repiqueteaba como un tango era, junto a lo primero, un presagio de lo que finalmente ocurrió ya entrada la noche a las puertas mismas del viejo edificio: un grupo de manifestantes se enfrentó con la guardia policial y con algunos reporteros gráficos, derivando en el cierre de todas las puertas del Palacio como medida preventiva. Fue una sesión extenuante, con más de 12 horas de debate enardecido. Durante todo el día era incierta la suerte que iban a correr los artículos de la Ley de Educación ya que en la bancada del Frente Amplio había dudas en cuanto a su acompañamiento. Darío Pérez (Liga Federal) y Alicia Pintos (Partido Comunista) fueron los dos diputados de los 52 del Frente Amplio que la votaron en contra, previo aviso dado por ambos. El primero anunció que se iba a retirar de sala. Llegado el momento, así lo hizo. La segunda argumentó en su momento por qué su voto iba a ser negativo.

«El contenido de la ley va a contramano de todo lo discutido históricamente por la izquierda y por los congresos de los docentes. Hay injerencias del Ministerio de Educación y Cultura violentando la autonomía. Queremos cambiar la educación pero con esta ley, no. Lamentamos que no hayamos sido capaces de alcanzar el consenso», fueron algunos de los conceptos esgrimidos por la diputada Pintos. Su discurso, que terminó con un «me puede temblar la voz pero no el brazo para no votar esta ley», espetó a los asistentes que estaban en las barras y que aplaudieron a rabiar a la legisladora comunista.

De inmediato fueron desalojados porque, ya se sabe, no pueden manifestarse. La sesión comenzó a las 10.07 y a las 21.57 horas se votó en general el proyecto que dividió las aguas, tanto entre oficialismo y oposición como dentro mismo de la izquierda. Roque Arregui (socialista) fue el miembro informante de la iniciativa. Abundó sobre la trascendencia histórica del Plan Ceibal, que «luego de la reforma vareliana ha sido lo más importante que ha pasado en la enseñanza» dijo; mencionó el destino del 4,5% del PBI para el sector educativo y destacó el debate que el articulado experimentó en las asambleas populares. Juan José Bruno (Alianza Nacional) calificó la ley de «pobre» y que fue redactada «con el sustento político del Frente Amplio».

Precisamente este fue el argumento más reiterado por la oposición; el hecho de que no es un proyecto de ley que trascienda las fronteras del espectro político nacional, «no es una ley de Estado, sino partidaria», repitió Bruno. Desde el Partido Colorado, Miguel Barreiro y Alberto Scavarelli (Foro Batllista) propusieron postergar la aprobación de la ley «hasta alcanzar el consenso político y social necesario (porque) este gobierno, que está más cerca del arpa que de la guitarra, no puede desembarcar a esta altura del año con una iniciativa de esta envergadura», dijo Scavarelli.

José Carlos Cardoso (Herrerismo) fue el legislador que más atizó el fuego del debate. Recorrió cada uno de los compromisos políticos asumidos por la izquierda en materia de educación, acusó al Frente Amplio de «engañar» a los sindicatos de docentes y dijo que el Plan Ceibal no forma parte de las iniciativas pedagógicas del actual gobierno, sino que «simplemente es un programa tecnológico introducido por el presidente Vázquez». El plenario estuvo en más de una oportunidad a punto de quedar sin quórum, es decir, con menos de 25 legisladores en sala.