Fuertes coincidencias entre Vázquez y Lacalle

Durante más de una hora, Vázquez y Lacalle se reunieron para analizar las reformas impulsadas desde el Poder Ejecutivo por el presidente Jorge Batlle, fundamentalmente dirigidas a las empresas públicas. El mandatario informó a los principales dirigentes políticos del país en reuniones que mantuvo con ellos a lo largo del mes de enero.

Si bien existen profundas diferencias entre el Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Partido Nacional sobre el futuro de los entes estatales, ambos líderes coincidieron ayer en la necesidad de procesar estas modificaciones propiciando un debate en el que participen todos los partidos políticos.

Consultado a la salida de la reunión, Lacalle se mostró partidario de abordar los cambios en las empresas públicas «una por una, analizándolas», más que haciéndolo mediante una «medida general». En cuanto a las diferencias entre una y otra fuerza política, el líder nacionalista manifestó que el asunto «históricamente nos ha dividido porque partimos de bases filosóficas y aun ideológicas distintas, pero la metodología de aproximación a los temas sí es coincidente». «No tenemos que darle visos de una fuerza escondida a lo que es el relacionamiento del Partido Nacional, el partido más antiguo de la República, con la fuerza más electoral importante que el país tiene que es el Encuentro Progresista», añadió Lacalle.

Por su parte, Vázquez coincidió en la conveniencia de analizar los casos uno por uno, y adelantó que recién después de dicho estudio el EP-FA manifestará su postura ante los cambios. «Estamos absolutamente de acuerdo, y lo hemos propuesto, en trabajar caso a caso, analizando en profundidad y desarrollar mecanismos eficientes de contralor de los eventuales emprendimientos que se lleven adelante», señaló el líder de la izquierda. Además, Vázquez insistió en su idea (ya planteada al presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti) sobre implementar estrictos controles sobre las actividades de los entes estatales. Es necesario «desarrollar mecanismos eficientes de contralor en el funcionamiento de los eventuales emprendimientos que se lleven adelante, ya sea el Tribunal de Cuentas, jerarquizado debidamente, o por el propio Poder Legislativo».

Las diferencias entre ambas colectividades políticas quedaron de manifiesto ya en 1992, cuando la izquierda encabezó junto a organizaciones sociales, sindicales y otros grupos políticos la campaña para derogar la ley que Lacalle impulsaba desde el gobierno para privatizar las empresas públicas. En aquella ocasión, la iniciativa del gobierno blanco resultó rechazada por la ciudadanía por amplio margen, en el plebiscito realizado el 13 de diciembre de aquel año.

El presidente del Directorio del Partido Nacional insistió en su postura de implementar modificaciones en estas empresas, y justificó la necesidad de convocar un debate lo más amplio posible. «La convocatoria, por lo menos tiene que ser de una amplitud como para que la base de sustentación de las medidas que se tomen tengan las dos características que tienen que tener los temas políticos: que sea posible y justa para que todos estemos de acuerdo en que si no logramos el 100 por ciento de lo que queremos estemos caminando en un sentido común como país», comentó Lacalle.

En cuanto al momento de la discusión, el ex presidente dijo que «cuando ingrese marzo y ya comience la vida más activa políticamente, vamos a poder escuchar la opinión del Presidente de la República, que ha marcado ese camino, y ver el Partido Nacional y el Encuentro Progresista cuáles van a ser las actitudes que van a tomar».

 

Contralor y reforma

Vázquez y Lacalle coincidieron también en otros aspectos.

En cuanto a los organismos de contralor, ambos líderes políticos manifestaron su postura en cuanto a impulsar una «mayor representatividad» política en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, además de mejorar su operativa.

«Hay varios asuntos. Por ejemplo: ¿qué pasa con las observaciones del Tribunal de Cuentas? Nadie lo sabe, no los dice. Entonces el Tribunal de Cuentas trabaja, observa, dice que tal cosa está mal hecha, que la licitación, y no pasa nada. Tenemos una Constitución que establece todo un mecanismo de difícil movilización, caro, de alto nivel técnico, pero después el jerarca reitera el gasto y no pasa nada. Ahí usted tiene un ajuste constitucional», argumentó Lacalle.

En cuanto a este eventual «ajuste» de la Constitución, ninguno de los dos dirigentes quiso dar detalles de su contenido, aunque quedó claro que los cambios en los organismos de contralor podrían llegar por esta vía.

Vázquez y Lacalle coincidieron también en impulsar la aprobación de la ley de protección de la industria del software (programas de computación). En ese sentido el líder de la izquierda respaldó la idea de «lograr una ley que proteja esta actividad intelectual tan importante y que realmente merece un tratamiento especial y acorde con lo que representa para el Uruguay y los jóvenes este trabajo».