"Fragmentación social". Hay más de 500 asentamientos en los que viven 200 mil personas

Colacce entrega a Vázquez crítico informe sobre déficit habitacional

El informe detecta «fragilidad institucional, déficit habitacional y una fragmentación social extendida».

La investigación desarrollada por esta cartera concluye, de acuerdo a datos primarios obtenidos, que los programas habitacionales ejecutados por los anteriores gobiernos han contribuido a la «agudización de la fragmentación socio-urbana». Además, la existencia en el país de un déficit cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista habitacional se debe a la aplicación de políticas erróneas en esta materia.

Al asumir el Frente Amplio en 2005, se encontró con una «gran fragilidad y fragmentación institucional» de los organismos encargados de las políticas urbano-habitacionales. Esta situación fue detectada en la propia Secretaría de Estado y en otros organismos como el Banco Hipotecario del Uruguay, que luego de la crisis del 2002, dejó de otorgar préstamos para vivienda. En este caso, la Comisión Parlamentaria Legislativa detectó irregularidades y decidió el traslado de los antecedentes a la Justicia penal, que dispuso el procesamiento de varios jerarcas. Para evitar la desaparición de la institución se la capitalizó bajo el gobierno de Jorge Batlle, con un monto equivalente a la construcción de 50 mil viviendas, con lo que se solucionaría el déficit habitacional. El informe efectuado por el Ministerio, puesto a consideración hoy por el Consejo de Ministros, entiende que la aplicación de las anteriores políticas blanco-coloradas motivó la generación de la migración de las centralidades hacia la periferia, y una expansión de asentamientos irregulares, que se remonta a las últimas décadas. En los mismos residen unas 200 mil personas en más de 500 barrios informales, de acuerdo a datos extraídos del programa «Un techo para mí». Actualmente, esta secretaría está gestionando un crédito de US$ 300 millones, incluida la contraparte uruguaya, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar las condiciones de los pobladores de estos barrios. En los últimos tres años, este gobierno invirtió US$ 54 millones, superando ampliamente lo invertido en los cinco años de la administración anterior.

El Mvotma sostiene que los planes habitacionales anteriores ejecutaron construcciones deficitarias por parte del Estado, persistentemente, en zonas periféricas, lo que conlleva, según la presente administración, riesgos habitacionales y ambientales.

El trabajo consideró perniciosa la implementación del Programa SIAV, considerándolo hoy día más un problema que una solución. Ante esto, se contraponía que la presente administración se encontró que en el país existían más de 100 mil viviendas vacías, las que no tenían un destino social.

En tal sentido, el gobierno defiende sus actuales políticas habitacionales, reivindicando el giro de timón emprendido en las acciones emprendidas. Las autoridades decidieron que el articulador de las políticas de vivienda sería el propio Mvotma, a lo que se sumó la creación de la Agencia Nacional de Vivienda y una reestructura del BHU.

Las fuentes informaron que el informe hará hincapié en una mejora en el crédito hipotecario, lo que se representa en más de 3000 créditos otorgados.

Aspiran, para 2010, a entregar más de 35 mil soluciones habitacionales en los distintos programas, teniendo como prioridad una visión multifocal del tema, sin basarse exclusivamente en la construcción de vivienda nueva.

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