El FA renovó ayer su respaldo a la Comisión para la Paz

En la víspera, la Mesa Política frenteamplista analizó un documento que la CI había presentado en la sesión realizada el 15 de enero y que en esa oportunidad no había sido discutido. En el texto, el sector liderado por el ex senador Helios Sarthou sostiene que «ningún nuevo dato relevante sobre el crimen de Elena Quinteros ha sido revelado por la Comisión para la Paz públicamente».

Advierte: «Ni siquiera la comprobación de lo que todos sabíamos se considera razón suficiente para identificar a los responsables», aludiendo al «reconocimiento» por parte del representante del gobierno en dicha comisión de que Quinteros «murió a causa de los torturas de los militares uruguayos».

«Tras una nueva apariencia ‘humanista’ que intenta terminar de desarmar los reclamos de justicia, el objetivo del actual gobierno sigue siendo el mismo de sus precedentes: asegurar la impunidad de los culpables de crímentes de terrorismo de estado, sean militares o civiles como Juan Carlos Blanco, implicado desde su cargo en el mantenimiento del secuestro de Quinteros», sostiene.

Asegura que «todos los elementos que hoy son ‘descubiertos’ son hechos largamente sabidos» y destaca que la ubicación de la nieta del poeta argentino Juan Gelman demuestra que «la información está y estuvo a disposición de los poderes públicos». «Para el esclarecimiento completo de la verdad hay que obligar a declarar a los militares implicados», afirma la CI, destacando que «ninguna norma legal impide hacerlo a los poderes constituidos». Tras realizar esas exposiciones, el sector frentista propuso además «reconsiderar la participación» en la Comisión para la Paz y «comenzar a discutir formas para la derogación de la Ley de Caducidad a la luz de las nuevas condiciones sociales a nivel nacional e internacional».

Al considerar el documento, solo votó a favor la CI, mientras el MPP la CUF y algunas bases se abstuvieron, al tiempo que el resto del FA votó en contra y determinó que la propuesta quedara descartada.

Según dijo a LA REPUBLICA el delegado de la CI Gustavo Vázquez, los delegados de base de Montevideo propusieron durante la sesión de ayer que las alternativas presentadas por ese sector fueran discutidas tras el referéndum del próximo 18 de febrero, lo que contó con el respaldo del MPP, la CUF, el Partido Comunista y los delegados de base canarios. Sin embargo, el resultado de la votación fue 13 a 13, por lo cual resultó desechada.

 

Preocupación

En tanto, una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT se reunirá esta tarde con los miembros de la Comisión para la Paz, a fin de conocer los avances del grupo de trabajo que busca encontrar una solución al tema de los desaparecidos durante la dictadura militar. «Queremos saber qué actitud tomará el Poder Ejecutivo para poder ayudar a esclarecer los casos. Esto es si el gobierno va a hablar con los militares y civiles qué pasó con los desaparecidos, como en los casos de Simón Riquelo y Elena Quinteros», explicó ayer el dirigente del PIT-CNT Luis Puig. «Hay que empezar a preguntar a quienes saben», afirmó. El integrante de la secretaría de Derechos Humanos agregó que «si no se logra esto, es muy difícil poder avanzar en este tema».

Puig indicó que en la reunión, la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT reiterará su posición a seguir entregando la información recabada en torno los desaparecidos.

Además, dijo, los trascendidos de prensa de que habría nuevos datos sobre el caso de la maestra desaparecida en 1976, Elena Quinteros. «Se dice que hay elementos nuevos sobre este caso, pero nosotros no los conocemos». Después del fallecimiento de María Almeida de Quinteros, «Tota», ocurrido el pasado 7 de enero, surgieron informaciones contradictorias respecto al caso de Elena Quinteros.

El integrante de la Comisión para la Paz, Luis Pérez Aguirre, indicó que en las últimas horas de vida de Tota, le informó sobre el destino de Elena. «Fue un diálogo íntimo que la dejó muy tranquila y en paz».

Sin embargo, Gonzalo Fernández, también integrante de la Comisión para la Paz, manifestó que «Tota» Quinteros pudo haber recibido «información contradictoria» sobre el caso de su hija. Por su parte, Raúl Olivera –miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la central obrera– aseguró en su momento que en las últimas horas de Quinteros no existió ningún contacto con integrantes de la Comisión para la Paz que le acercara información nueva sobre el caso.