Si hay veto. Las legisladoras del FA insistirán con un proyecto similar en el próximo período

El Presidente vetará mañana el artículo 8 que despenaliza aborto

La iniciativa, que está desde ayer sobre su despacho, fue aprobada por el Parlamento con votos del Frente Amplio, aun a sabiendas de no contar con su aval y con la esperanza de que el Presidente modifique su postura.

Según una alta fuente oficial, Tabaré Vázquez estampará “seguramente mañana” su firma y junto a la suya, hará lo propio la ministra de Salud Pública María Julia Muñoz. El anuncio se hará formalmente el próximo lunes en el Consejo de Ministros. El mandatario no exigirá a ningún ministro que lo acompañe en su postura ética, indicó la fuente. Vázquez en más de una oportunidad ya había expresado su posición contraria a este artículo y reafirmado la decisión de vetarlo. Fuentes gubernamentales aseguraron que el mandatario no modificó su posición. “La Ley de Salud Sexual y Reproductiva contiene elementos muy positivos que se deben rescatar, pero existen otros, con los que filosófica y biológicamente no estoy de acuerdo y por lo tanto serán vetados”, aseveró Vázquez el pasado año. Por su parte la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz aseguró que firmará para vetar el artículo de la ley, porque cuando Vázquez la designó como secretaría de Estado ya conocía perfectamente la posición del mandatario y la aceptó en todos sus términos. Se refirió a una situación de lealtad.

De concretarse este acto de gobierno, sería el tercer veto que el Presidente Tabaré Vázquez aplique en lo que va de su mandato. Los dos anteriores referían a dos artículos de la pasada Rendición de Cuentas: uno aludía a suspender las licitaciones en la concesión de ondas para cualquier servicio de telecomunicaciones y concomitantemente la elaboración de un reglamento sobre telecomunicaciones. El otro artículo se refería a un artículo de la Rendición que hace referencia a la “Inspección de Hacienda”, nomenclatura que se considera “anacrónica”. Dicho veto se originó en la confusión de la denominación sobre tareas que se asignan a un organismo que ya no existe.En tanto, Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) anunció que, en el próximo período de gobierno, “desde el lugar que vayamos a ocupar insistiremos con que se efectivice la despenalización” de la interrupción del embarazo. La senadora recordó que “Uruguay tiene compromisos asumidos internacionales que hay que respetar” sobre la modalidad de natalidad que hablan sobre la manera de espaciar y la decisión familiar de tener la cantidad de hijos que se planifique como guía del sistema sanitario. “Mientras no sean posibles los abortos legalizados se seguirá insistiendo con esa posibilidad que es la única forma de reducir los riesgos sanitarios”, destacó. La insistencia en la despenalización del aborto en la nueva legislatura no significa que se irán a repetir las votaciones parlamentarias que el actual proyecto alcanzó tanto en el Senado como en Diputados en el 2007 y en este año. El nuevo gobierno traerá aparejado una conformación diferente a la actual en el parlamento y, de los candidatos que se perfilan para las próximas elecciones el único que no interpondría el veto presidencial será Danilo Astori. Cuando el proyecto de Salud Sexual y Reproductiva estuvo a consideración parlamentaria, la bancada de Asamblea Uruguay había propuesto que se incluyera un artículo en el que se dejara establecido que el capítulo que habla sobre la despenalización del aborto comenzara a regir legalmente a partir del 1º de marzo del 2010, fecha en que asumirá el nuevo gobierno nacional. Mañana en tanto terminaría el periplo parlamentario que supo tener por más de un año la ley de Derecho de Salud Sexual y Reproductiva. El Senado aprobó el martes el proyecto que el 7 de noviembre pero del año pasado supo votar y derivar entonces a la Cámara de Diputados. Estos últimos, como se sabe, sancionaron la ley pero con modificaciones -sin el artículo 2- en una maratónica sesión de más de 15 horas de duración. El Poder Ejecutivo disponía de 10 días para devolver el proyecto con la objeción o veto al artículo 8, el que concretamente habla de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La bancada del FA ya anunció que no gestionará para levantar el veto presidencial. El Poder Legislativo contará con un período de 30 días para convocar a la Asamblea General la que, con los tres quintos de sus integrantes podría dejar sin efecto las observaciones del Poder Ejecutivo a una ley, tal como lo establece el artículo 138 de la Constitución.

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