En dos años. Se incautan US$ 1,7 millones

Argentinos, sin declarar valores

El director del Centro de Prevención de Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne consideró que la intención de la presidenta argentina Cristina Fernández de impedir el traspaso de capitales desde su país hacia países como Uruguay es «inviable»; a la vez, denunció que es casi permanente la detección de ciudadanos argentinos del lado uruguayo con valores no declarados y que, a través de tales procedimientos, se han incautado aproximadamente US$ 1,7 millones.

El pasado lunes trascendió a través de varios medios de prensa argentinos que Cristina Fernández de Kirchner planteará en la próxima Cumbre del G20 en Washington, la necesidad de que se refuercen las medidas contra los «paraísos fiscales», en un intento por evitar que los capitales argentinos sigan saliendo de su país con destino a Uruguay.

Las declaraciones de la mandataria argentina fueron motivo de análisis en Montevideo, por parte del Consejo de Ministros del lunes pasado. En ese marco, el presidente Vázquez remarcó que la única vía para la construcción de un paraíso fiscal es dar vía libre a las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), a la vez recordó que su gobierno ha iniciado un proceso de «desarticulación de estas sociedades». Por su parte, ayer, Gil Iribarne señaló que la propuesta de la presidenta Fernández es «inviable», ya que no hay mecanismos que puedan impedir el movimiento de valores entre naciones. Acotó que la situación en materia de movimientos de capitales, desde el punto de vista del origen de los fondos, en Uruguay «ha mejorado notoriamente» con respecto a años atrás. «Hay muchos más controles y en cuanto a algunas de las herramientas como son las SAFI, la situación tiene que ver con el pasado y no con la situación actual, y se irán desarticulando paulatinamente», señaló el jerarca.

Gil Iribarne remarcó que la mayor garantía es que los países «tengan controles permanentes, pero está claro que si los problemas son las SAFI, en Uruguay no podrán instalarse más estas empresas y van a desaparecer», por ley. Por otro lado, añadió que la detección de ciudadanos argentinos del lado uruguayo con valores no declarados, es un hecho «casi permanente» desde hace al menos dos años. Aseguró que el gobierno ha actuado en varios casos y que «ya hay más de US$ 1,7 millones encontrados, en la mayoría de los casos relacionados con ciudadanos argentinos». A la vez, el jerarca remarcó que además de las multas y sanciones que corresponden aplicar a nivel local, también se ha compartido la información con las autoridades argentinas para saber si el dinero proviene de actividades ilícitas. De todas maneras, aclaró que las transferencias legales «siempre se realizan» cuando se generan situaciones críticas desde el punto de vista económico.

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