Enjuiciarían a Carminatti

«El gremio de los transportistas está en alerta», advirtió en diálogo con LA REPUBLICA el empresario Carlos Placeres, integrante de la Mesa de la Intergremial del Transporte, y miembro de la Confederación Uruguaya del Transporte. «Veremos cuáles son los próximos pasos de la comuna pero no descartamos emprender acciones judiciales». Mientras tanto, el inicio de una acción judicial contra la comuna rionegrense, encabezada por el quincista Carminatti, fue decidido, en título personal, por la abogada fraybentina Rosemarie Rosas.

«Consulté a colegas y evalúo la posibilidad de iniciar las semana que viene una acción judicial contra una disposición comunal que considero ilegal y que me privaría de mis herramientas de trabajo», dijo Rosas, propietaria de una empresa de camiones.

Convocan la Junta

Los ediles rionegrenses del Encuentro Progresista resolvieron, por su lado, solicitar para la semana próxima el levantamiento del receso veraniego para convocar a una sesión de la Junta Departamental en régimen de asamblea extraordinaria. La izquierda manifestaría su oposición ante la incautación de vehículos de trabajo. La solicitud fue presentada el miércoles y el presidente de la Junta dispone de un plazo de 48 horas hábiles para citar a los ediles.

Rosas denunció además haber sido objeto de una presunta persecución por parte del secretario general de la comuna, el veterinario Ernesto Bonetti, quien se desempeñara como jefe de Policía durante la pasada administración del forista Ruben Rodríguez.

Rosas había denunciado el martes pasado la incautación de vehículos por parte de la comuna al ser entrevistada por las radios Litoral y Rincón, de Río Negro. Rosas fue entrevistada al igual que los ediles Marcos Gerez (EP-FA), Carlos Laborde (PN) y Víctor Rodríguez (PC). «Al día siguiente que denuncié en las radios de Río Negro la incautación de los vehículos por parte de la comuna», señaló Rosas, «los inspectores de la Intendencia detuvieron a uno de mis camiones y pretendieron incautarlo».

El chofer del camión de Rosas fue citado ante la Seccional 1ª por negarse a entregar el vehículo. La comisaría se limitó a remitir antecedentes a la Justicia. El edil nacionalista llegó a acusar a la comuna de aplicar «manus militari», según dijo al aire. El colorado justificó la necesidad recaudadora de la comuna, al tiempo que la abogada María Silvia Martínez expresaría su coincidencia con su colega Rosas.

Policías: un paso al costado

El jefe de Policía de Río Negro, el inspector Ericsson Zachow, anunció el retiro de todo apoyo policial a las incautaciones dispuestas por la comuna debido a que, según explicó, el Ministerio del Interior decidió dejar de cobrar multas y aplicar sanciones de tránsito para mejorar su imagen y su relación con la sociedad civil. Zachow anunció su decisión al ser entrevistado por el mismo programa radial que entrevistó a Rosas. Conocido el anuncio de Zachow, el intendente Carminatti envió de inmediato una misiva a la Jefatura local de Policía para pedir una reconsideración del retiro de apoyo. La Jefatura, no obstante, se limitó a remitir antecedentes para consideración del Ministerio del Interior. El asesor jurídico de la comuna, doctor Mario Fonrodona, dijo en el mismo programa radial que el artículo 159 del Presupuesto Municipal autoriza a la comuna a prohibir la circulación en zonas urbanas de vehículos con adeudos. Nada dijo que la norma habilitara a la comuna a incautar vehículos.

Incautaciones

Rosas agregó que al día siguiente de participar en el programa radial sufrió la detención de uno de sus camiones, un incidente que le habría permitido saber que la orden de incautación impartida por Carminatti habría sido ampliada en cuanto a sus alcances por iniciativa de Bonetti.

«El director de los inspectores de la comuna, David Carranza, me dijo el día que detuvieron mi camión que Bonetti había dicho que ahora más que nunca iban a seguir con los procedimientos incluyendo la incautación de vehículos que tengan cualquier tipo de deuda con la comuna, y no solo de patente».

Nunca hubo actas

Las incautaciones comenzaron el 9 o el 10 de enero sin que los jerarcas comunales hayan labrado ningún acta donde conste el estado general del vehículo al momento de ser incautado, según diversos testimonios recogidos por LA REPUBLICA. Apenas un recibo para retirar el vehículo es lo único que habrían recibido los propietarios que debieron trasladarse hasta uno de los galpones de la comuna en el llamado parque industrial de Fray Bentos.

Para recuperar los vehículos incautados, los particulares debieron firmar un convenio de pago, como único camino para retomar el poder sobre sus propios bienes. Todos los informantes de LA REPUBLICA coincidieron en destacar que ninguna de las incautaciones se concretó mediante una orden judicial.