Tres jueces argentinos tras los archivos de la dictadura

Tres juzgados de la República Argentina, ocho causas nacionales en la justicia y unas 200 personas recurrieron a los archivos de la Cancillería uruguaya para obtener datos de los documentos de la dictadura. El grupo de trabajo, conformado en 2005, pretende ampliar a la década de los 60 y al año 1996 la recolección de archivos «sensibles».En el marco del Seminario Internacional Acceso a los Archivos de Derechos Humanos, organizado por el Archivo de la Universidad de la República, Oscar Destouet, integrante de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, alertó del peligro de deterioro que pueden experimentar algunos archivos de la dictadura que están dispersos en diversos organismos estatales.

El experto también cuestionó la falta de un criterio único para el tratamiento de los «archivos sensibles» y el acceso a ellos. Criticó que en el Ministerio del Interior no es fácil acceder a la información disponible, porque depende de la voluntad del funcionario.

Acotó que en esta secretaría no existe un inventario público y estima que puede haber muchos documentos perdidos en algunas jefaturas.

El historiador Destouet afirmó que los archivos encontrados en los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, y las Fuerzas Armadas demuestran cómo se violó a ciudadanos «convirtiéndolos en enemigo interno».

Dijo que se encontraron 12 mil libros microfilmados en el Ministerio de Defensa, y que la consulta de los mismos es «difusa», dependiendo de la voluntad de la autoridad política. Sobre el destino de los archivos, recientemente, hubo un traslado de parte de la documentación a la sede de la Auditor;ia de la Nación.

Por su parte, la experta archivóloga Mariela Cornes, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cancillería uruguaya para recopilar y difundir los denominados «archivos sensibles» relativos a la violación de los derechos humanos dentro del período 1972 y 1986, presentó ayer un informe sobre el trabajo realizado desde el año 2005.

Si bien la reglamentación establece que para tener acceso a un archivo sin reserva, el documento debe tener más de 30 años de antigüedad, también se explicitan excepciones, basándose en razones que pudieran comprometer la integridad de la política exterior nacional, la seguridad y la intimidad personal.

Las autoridades ministeriales estarían ampliando el período comprendido en la recolección de «archivos sensibles», abarcando la década de los sesenta.