Diputados aprobó ayer la nueva carta orgánica del Banco Central

Esta semana fue vertiginosa para los diputados. Ayer, por partida doble, sancionaron en una sola jornada de trabajo los últimos dos proyectos de ley que debían ser aprobados por esta cámara antes del 25 de octubre, día en que comenzará el año electoral y poco a poco el país se irá minando de discursos proselitistas.

Con aire en los pulmones los legisladores debatieron y se pronunciaron por la reforma de la Caja Policial y por la nueva carta orgánica del Banco Central del Uruguay (BCU); dos proyectos que únicamente fueron sancionados por el Frente Amplio. El primero por 50 en 64 diputados y el segundo por 51 en 56 presentes.

A las 22.16 de anoche terminó la sesión que había comenzado siete horas antes y que, como se sospechará, conforme iban aumentando las horas de debate la presencia de legisladores era inversamente proporcional a ello, a tal punto que el presidente de la Cámara, Uberfil Hernández, tuvo que llamar la atención y amenazar en más de un caso con suspender la sesión por falta de representantes. Las bancadas de los partidos tradicionales eran sombras de una sombra de otras legislaturas donde sus integrantes permanecían anclados en sus asientos hasta el término de la sesión.

El debate sobre el nuevo BCU no deparó fuertes y acalorados discursos como en principio se esperaba. La modificación de su Carta Orgánica trae aparejada sustanciales reformas y crea nuevos organismos laterales con cierta autonomía en su proceder.

Esta ley, que anoche mismo pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, le concede al BCU un mayor protagonismo en materia de políticas monetarias y delega a nuevos organismos la eventual liquidación de entidades financieras por un lado y por otro, el control de los servicios bancarios que operan en el país.

Se crearon la Superintendencia de Servicios Financieros y la Corporación de Protección de Ahorro Bancario (Copab) una entidad de derecho público no estatal que estará integrada por 3 miembros a designar por el Poder Ejecutivo y cuyo período de mandato será de 8 años con opción a 8 años más.

La Copab administrará los fondos de garantía de los depósitos bancarios, velará por la solidez y solvencia del sistema de intermediación financiera nacional y eventualmente será la responsable de liquidar aquellas entidades pasibles de esa sanción.

En tanto, la Superintendencia de Servicios Financieros estará integrada por un solo miembro que controlará a la banca, las casas de cambio, las AFAP, las empresas de seguro, las bolsas de valores y todo movimiento financiero local y aquellos que provengan del exterior.

Por otro lado, la reforma orgánica del BCU le otorga peso institucional al «comité de coordinación macroeconómica», formalizando su funcionamiento y definiendo su integración.

Este comité está conformado por el ministro de Economía, dos funcionarios del MEF, por el presidente y dos directores del BCU que deberán definir las metas inflacionarias y la política monetaria a regir en el país. Fijadas estas metas el comité tendrá autonomía en su funcionamiento pero finalmente el ministro de Economía será quien siempre tenga la última palabra en estos temas macroeconómicos. Silvana Charlone (Espacio 90) destacó que el BCU «no puede limitarse a regular la inflación».

José Carlos Cardozo (herrerista) dijo que el proyecto «pasó como el Katrina» por el Parlamento y deseó que «no cause el mismo efecto devastador».

Iván Posada (Partido Independiente) fue el único no frentista que dio su voto positivo a la creación de la Superintendencia de Servicios Financieros.